En la Sesión de este martes, la Legislatura Provincial trataría el proyecto de Ley ingresado la semana pasada, para el pago de la deuda que el Gobierno Provincial mantiene con la aerolínea, a través de los Títulos de Cancelación de Deuda Provincial (TICADEP).
La iniciativa, que ya había sido planteada semanas atrás cuando comenzaron las primeras suspensiones de vuelos, finalmente sería llevada a cabo y, en caso de aprobarse, desde la aerolínea reanudarían sus operaciones tras la cancelación de tres vuelos la semana pasada.
Al mismo tiempo, desde el Municipio trascendió que hay diálogo con algunas empresas low cost que también podrían constituirse como una alternativa a la conectividad local, que se constituye como uno de los indicadores centrales de la actividad turística y comercial de Puerto Madryn.

La lupa en la Legislatura

Concretamente, el objetivo sería ampliar la oferta aérea en el aeropuerto El Tehuelche, que hoy opera a través de Andes; para el pago de la deuda, que prácticamente supera los 180 millones de pesos, aseguraron desde el Municipio que la única alternativa actual sería la del pago a través de los bonos TICADEP, por lo cual todos los ojos estarán puestos sobre la Legislatura esta semana.
Teniendo en cuenta que el erario municipal no podría afrontar más subsidios, aportes o préstamos que pudieran resolver el conflicto de conectividad actual, la Sesión Especial del martes tendría como uno de los temas principales el análisis del proyecto pare el pago del dinero adeudado.

Podrían sumarse empresas low cost

En cuanto a la posibilidad de que aerolíneas low cost puedan operar en Puerto Madryn, desde el Municipio confirmaron que hubo conversaciones y gestiones con representantes de diferentes empresas de dicho segmento, y si bien no se trataría de reemplazar a la aerolínea actual, la idea sería ampliar la oferta: “Lo estoy haciendo yo y también el intendente electo (por Gustavo Sastre)”, sostuvo el intendente Ricardo Sastre, aclarando al mismo tiempo que “no nos queremos anticipar, pero sí estamos conversando con otras líneas”.
Dichos contactos apuntan a incrementar las rutas aéres para que compañías que actualmente no llegan a Puerto Madryn, puedan hacerlo, además de Andes Líneas Aéreas, que podría reanudar sus operaciones, dependiendo del resultado de la Sesión en la Legislatura.

Acta acuerdo

El proyecto de Ley que se debatirá en el parlamento provincial fue ingresado por Mesa de Entrada el pasado 31 de octubre y comprende “la deuda que mantiene el Estado Provincial con la empresa Andes Líneas Aéreas S.A., como consecuencia del acta aprobada por la Ley XXIII 36” y propicia “autorizar a este Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, a suscribir un Acta Acuerdo a los fines de resolver las cuestiones pendientes, como consecuencia de las obligaciones asumidas por la empresa en el acta mencionada”.

Piden saldar el “rojo”

Además, el documento contempla que “por razones de emergencia y fuerza mayor la ley estableció un régimen de consolidación para cancelación de los saldos de los acreedores mediante la entrega de los Títulos de Cancelación de Deuda Provincial (TICADEP)” y que “la empresa Andes se presentó ante la autoridad de aplicación a consolidar los créditos vigentes contra el Estado Provincial, lo que tramitó en Expediente 616-CG-2018; en esas actuaciones administrativas se llevó a cabo el procedimiento de verificación de deuda previsto por la norma, suscribiendo las declaraciones juradas e incorporando la documental respaldatoria del crédito reclamado al Estado, a los fines de acreditar el vínculo y la obligación invocada”.

Derechos y obligaciones

A ello, se agregó que “posteriormente, resuelto por la autoridad de aplicación la consolidación de la deuda, la empresa pidió una reconsideración de lo determinado, en atención a que su crédito se encuentra constituido por una obligación en especie, no dineraria, pidiendo la satisfacción de su crédito mediante la entrega de la cosa debida”, en relación al acuerdo a través del cual la empresa entregaba unos 14.500 pasajes anuales al Estado Provincial para el uso por parte de funcionarios y afiliados a Seros, mientras que este último debía contribuir con combustible JP1 para los aviones de la firma, varios de los cuales ya fueron dados de baja ya que se encontraban funcionando en calidad de “leasing” y debieron ser devueltos por el impacto del conflicto en la rentabilidad de la aerolínea.