Cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio, según un informe publicado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, quien recientemente visitó ese país.

La gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad, proporción «sorprendentemente elevada», alertó Bachelet.

El gobierno venezolano replicó señalando que «son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles».

En su informe tras su visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resaltó que «grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones».

La alta responsable de la ONU pidió en sus conclusiones disolver las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional venezolana, a las que achaca la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por «resistencia a la autoridad», registradas en 2018 y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019.

Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó una portavoz, Ravina Shamdasani.

«Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes», detalló.

Sin embargo, «otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores», había resaltado Bachelet.

Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada.

Fuente: El Cronista