El empresario de Chubut, Celso Pontet, impulsó una denuncia judicial por presuntas irregularidades en la designación de dos vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La presentación fue contra los diputados por nombrar a los contadores Liliana Underwood (ahijada política de Jerónimo García) y Antonio Cimadevilla (hijo de Mario Cimadevilla), que no habrían cumplido lo que exige la ley respecto a 7 años de ejercicio de la profesión para detentar el cargo. A más de dos meses, el expediente está estancado en el Ministerio Público Fiscal que no ha dado inicio formal a la investigación.
Cabe recordar que el 10 de mayo el abogado Aldo Amado, como patrocinante legal del empresario Celso Pontet, formalizó la denuncia: “presentamos la prueba, la constancia del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas donde consta que la Ley exige el ejercicio de siete años de la profesión y también la Constitución de la Provincia”, precisó el empresario, en posteriores declaraciones a la prensa en las que lamentó que “el expediente no se ha movido, no se ha iniciado la investigación”.
En cuanto al argumento que recogió el abogado, Pontet dijo que “le dijeron que habían mandado una nota al Consejo Profesional pidiendo información, cuando yo ya presenté la hoja original del Colegio. Si queremos demostrar las cosas también podemos preguntarle al Papa Francisco”, lanzó con ácida ironía.
La denuncia apunta a los presidentes de bloque de la Legislatura, argumentando que los profesionales designados incumplían con el requisito de antigüedad que está establecido por la Constitución Provincial y por la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y que pese a ello los diputados aprobaron las designaciones.
De constatarse que dos integrantes del Tribunal de Cuentas fueron mal designados, todo lo actuado por ellos, podría ser declarado nulo de nulidad absoluta.

Padres, hijos y ahijados

En tanto, la agencia Adn Sur recordó que en aquella sesión hubo tres acuerdos aprobados a propuesta de los distintos bloques para cubrir las vacantes en el Tribunal de Cuentas, que fueron las del abogado Martín Meza (es hijo del diputado Blas Meza Evans y fue nominado por el FpV-PJ), y los contadores públicos Liliana Underwood (nominada por Jerónimo García como presidente del Chusoto) y Antonio Cimadevilla (hijo de Mario Cimadevilla y fue nominado por el bloque Cambiemos). Sobre el primer caso no hay ninguna objeción, pero sí respecto a los dos contadores, cuyos nombramientos fueron objeto de una denuncia penal contra la Legislatura y los presidentes de los bloques, por parte del empresario de Trelew, Celso Pontet, quien según su abogado Aldo Amado, entiende que los profesionales designados incumplían con el requisito de antigüedad que está establecido por la Constitución Provincial y por la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
La denuncia presentada al Ministerio Público Fiscal expresa que los contadores Underwood y Cimadevilla no cumplen con la antigüedad requerida en ejercicio de la profesión para asumir en esos cargos, que es de 7 años, algo que se pudo comprobar a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chubut, quien regula la matriculación de los profesionales.
Por ello fue presentada la denuncia que para Amado, podría encuadrar en el artículo 253 del Código Penal, que establece que será reprimido con una multa económica “e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.

Sugestivas visitas al fiscal

Según el abogado, en la denuncia –que está en manos del fiscal Osvaldo Heiber con todas las pruebas y la documentación- “no se va sobre nombres propios, sino sobre el accionar de la Legislatura que nombra a dos vocales que no reúnen los requisitos”, incluso pese a que la legisladora Cecilia Torres Otarola lo había advertido en el recinto.
“La denuncia fue presentada en mayo y hasta el momento el Ministerio Público Fiscal no ha realizado ningún movimiento, mientras en los pasillos judiciales se mencionan sugestivas “visitas” de personas de renombre político al fiscal Heiber, para “averiguar” si va a realizar alguna acción. Mientras tanto, desde adentro del Tribunal de Cuentas se comenta que los recién nombrados comenzaron a designar gente a su cargo de manera inmediata, incluso algunos parientes cercanos”, ventiló Adn Sur.

Gravedad institucional

Por otro lado, ya había ingresado a la Legislatura una nota del Colegio Profesional de Ciencias Económicas, en las que advierte a los legisladores que las designaciones fueron realizadas de manera “inconstitucional”, pero la misiva habría sido cajoneada por el presidente de la Cámara para que no tome estado parlamentario y sea girada a los bloques.
La nota lleva la firma del presidente, Miguel Enrique Mujica, y contendría párrafos muy duros hacia los legisladores, al sostener que por no cumplir ambos contadores con los años de ejercicio de la profesión de acuerdo a su matrícula, “resulta evidente y manifiesto que su designación no se ajusta a derecho”. Y más aún, advierte que se estaría ante “un caso de inequívoca gravedad institucional” porque el
desempeño del Tribunal de Cuentas “no respondería a lo reglado en la propia Constitución Provincial”.
No solamente advierte que lo actuado por el tribunal podría ser objetado por estar mal conformado, sino que cuestiona la decisión “arbitraria” de los legisladores de salirse de la letra de la Ley que juraron cumplir, y si bien señalan que los nombramientos obedecen a una “voluntad personal” y a una “decisión política” de los diputados, esto no puede exceder el marco normativo.
Este organismo aclara que es su obligación que los matriculados “ajusten en todo momento su actuación profesional a lo establecido en el derecho positivo” por lo que está habilitado a “impugnar las designaciones que no se ajusten a derecho”. Por ello concluyen que deben tomarse los recaudos para salvar la situación, ya que en el caso de Underwood y Cimadevilla, “de acuerdo a nuestros registros los mismos no tenían al momento de su nombramiento, la antigüedad de siete años en el ejercicio profesional que exige la Constitución del Chubut”.