En una llamativa situación que se desarrolló en los Tribunales de Puerto Madryn, la defensa de Bruno Zunino, el ex funcionario que fue separado de su cargo en la Oficina Judicial tras ser denunciado por su novia, finalmente renunció a la representación del acusado.
Al mismo tiempo, el imputado renunció a su abogado, lo que concretamente habría tenido lugar por diferencias en cuanto a la estrategia para llevar adelante el caso.
Desde la Fiscalía argumentaron que pensaban exponer los distintos testigos, informes y pericias que sustentan la acusación, enmarcada en la figura de violencia de género, y ahora Zunino deberá designar a un nuevo abogado defensor dentro de las próximas 72 horas; en caso contrario, será representado por un defensor público.
Se trata del caso del joven de 32 años que se burlaba de las marchas de “Ni Una Menos” y que terminó denunciado por su pareja por distintas agresiones, tanto físicas como psicológicas, las cuales se prolongaron durante el curso de la relación y finalmente terminaron en la Justicia; el acusado, que se desempeñaba como funcionario de la Oficina Judicial de Madryn, fue exonerado tras la denuncia.

Los próximos tres días

En diálogo con la prensa, el fiscal general de Puerto Madryn, Daniel Báez, comentó que el miércoles “a las 8:30 de la mañana, fuimos notificados de manera personal por la directora de la Oficina Judicial, de que el imputado Bruno Zunino renunció a la defensa técnica de su defensor, Fabián Gabalachis, por diferencias en la estrategia de defensa” y arrojó un curioso dato: “A su vez, Gabalachis renunció por diferencias con su cliente en la estrategia del caso”.
Consecuentemente, “el procedimiento a seguir es que el imputado Zunino fue intimado a designar un abogado defensor en el término de tres días, y si no lo hace, intervendrá la Defensa Pública, lo cual implicó, obviamente, la postergación del juicio oral y público”.

Una relación violenta

Consultado sobre el posicionamiento de la Fiscalía frente a la causa, Báez sostuvo que “nosotros tenemos un caso ocurrido en febrero de 2017, donde hay una fuerte golpiza por parte del imputado hacia una joven con la que mantenía una relación de pareja” y explicó que “se profundizó la investigación y se determinó que la misma enmarcaba en el contexto de la Ley de Violencia de Género”.
El fiscal general precisó que “había una relación preexistente, con agresiones psicológicas y físicas, la cual se prolongaba en el tiempo; así se planteó la acusación, con testigos, documental, médicos que intervinieron en el caso, y la idea era plasmar nuestra hipótesis el miércoles para obtener una sentencia condenatoria”, lo cual finalmente se vio postergado por el mutuo renunciamiento del acusado y su abogado defensor.