Por Trivia Demir

Lograr transparencia, lo que se dice transparencia en la política argentina sería una aspiración por ahora temeraria, venga la propuesta del partido que venga. Porque son años de un sistema demasiado enquistado como para extirparlo con una cirugía menor como la que pretendería Cambiemos. Por ejemplo, vale considerar que mientras en Chubut se dice que la estrategia de fondo de varios exfuncionarios imputados en las causa por corrupción que se investigan vinculados a dineros públicos, sería argüir que el dinero finalmente se reutilizó en política; a nivel nacional avanza precisamente una Ley para tratar de evitar todo esto. Porque cómo dice la máxima política nunca reconocida: ´nada mejor que una buena campaña política, para hacer caja propia´. Sin embargo es poco probable que se pueda dar este golpe de timón sin volcar la nave.
En la actualidad, el dinero “en negro” manda a la hora de las campañas políticas -así como en muchas otras áreas en las que no se mueven oficialismo y oposición-, situación que deriva en balances no aprobados o graves denuncias, como la que se dio por ejemplo contra Cambiemos en la provincia de Buenos Aires tras las elecciones de 2017, o el circuito que se analiza en el marco de la Causa de los Cuadernos K.
Hoy, pese a las intenciones de avanzar con una Ley de Financiamiento Político, los plazos y las condiciones no son las mejores. Por lo que es probable que el sistema continúe como hasta ahora, o en su defecto el oficialismo fuerce la obligación de que los aportes sean bancarizados, hasta que se logre imponer el debate. La única certeza es que quienes continuarán con aportes al “sistema” vía mayor presión fiscal serán, como siempre, los contribuyentes.

Bancarizando, por decreto

Tal como lo anticipa Mariano Casal desde Ámbito Financiero, es probable que en esa línea aparezca un decreto de ´bancarización´ para aportes políticos. Esto debido a que tras el rally de decretos de necesidad y urgencia con el que puenteó al Congreso el mes pasado, el Gobierno continúa en plena alimentación de una calesita fenomenal a la hora de definir la viabilidad o no del proyecto de financiamiento político para que empresas puedan girar fondos. Los plazos para activar cambios reales en cuanto a transparencia se acaban dentro de unas semanas y en la bandeja del Ejecutivo aparece, como última opción, obviar el debate de una ley y al menos gatillar un delicado decreto reglamentario para bancarizar aportes.
Mientras el reloj corre, gran parte de la “política” festeja. “Los fondos que no son ‘en negro’ salen muchas veces del erario público de gestiones nacionales, provinciales y municipales, y una bancarización de aportes a través de un decreto reglamentario podrá ser polémico pero eliminaría ese papelón, aunque no permitirá el aporte de empresas. Para ello se necesita una ley y creo que el problema está ahora más en el oficialismo que en la oposición”, señaló a Ámbito Financiero un operador top del Congreso de fluidos vínculos con todos los partidos.

Trabas y dilemas

La referencia a la discordia en el Ejecutivo pasa por la falta de consenso en Diputados entre la Coalición Cívica -no quiere que las empresas aporten y votarían sólo en general un proyecto, para luego dejar liberado al oficialismo en el tratamiento en particular de la ley- y el resto de la bancada de Cambiemos. También aparecieron algunas extrañas quejas aisladas del radicalismo contra su socio macrista.
En diciembre pasado, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias y la ley de financiamiento político apareció en el temario, aunque nunca se trató. Cambiemos se enfrascó y batalló en Diputados con la ley antibarras, que fue limada por la oposición y frenada por algunos operadores futbolísticos que responden al jefe de Gabinete, Marcos Peña, tal como adelantó este diario.
Desde el mes pasado, Casa Rosada anunció en reiteradas ocasiones un supuesto llamado a extraordinarias para febrero. En el medio, plumeó el DNU para poner en vigencia el régimen de extinción de dominio -para recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos- sobre el que patinó en varias ocasiones el resbaladizo ministro de Justicia, Germán Garavano. Semanas atrás, el funcionario dejó en soledad al oficialismo durante el debate de la ley antibarras.
Ante una eventual pero cada vez más lejana convocatoria a extraordinarias, oficialistas y opositores tienen como prioridad la ley de financiamiento, pese a las persistentes dudas de Casa Rosada y de algunos peronistas. El proyecto comenzará por el Senado -ya hay dictamen consensuado entre Cambiemos y el justicialismo- y Diputados estaría en condiciones de sancionarlo durante las primeras semanas de marzo, ya en sesiones ordinarias.

Clamor de transparencia

En las últimas horas, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec, que comanda Julia Pomares), junto con Poder Ciudadano (PC) y la Red de Acción Política (RAP) convocaron a “crear consensos para aprobar urgentemente” una nueva ley que permita “financiar eficientemente, con equidad y transparencia las campañas” políticas
A su vez, el Foro de Convergencia Empresaria manifestó su apoyo al pedido de transparencia en el financiamiento político y electoral realizada por el CIPPEC, Poder Ciudadano y Fundación RAP. Este Foro, que reúne una veintena de entidades empresarias y fundaciones, realizó esta adhesión a través de un comunicado de prensa. En el texto destaca «la necesidad de transparencia e información pública en los procesos electorales, incluyendo tanto la financiación de la política como los sistemas de votación y conteo de votos». Forman parte del Foro Aacrea (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), ABA (Asociación de Bancos de Argentina) y el CEM (Consejo empresario Mendocino), entre otras agrupaciones. La iniciativa, publicada a través de solicitadas en diversos medios, advirtió que, «si se mantiene el status quo, peligran la credibilidad y la legitimidad de la democracia argentina», ya que «el régimen de financiamiento de la política -sostienen las entidades- no está funcionando».

Revisarán cuentas en el exterior

Como para ayudar al ´convencimiento´ de la política y el empresariado que hay que adoptar medidas de transparencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) profundizará desde esta semana el entrecruzamiento entre la información declarada por los contribuyentes en el blanqueo con los datos provenientes de cuentas del exterior que fueron informados por organismos fiscales en el marco del acuerdo de OCDE contra paraísos fiscales.
El organismo que conduce Leandro Cuccioli recibirá este año datos de cuentas bancarias de tres jurisdicciones muy significativas: Suiza, Uruguay, y Panamá, tres plazas a donde se destinan habitualmente fondos de argentinos cuando mandan dinero al exterior. En el primer año de vigencia del programa se recibieron datos de 36.000 cuentas, y este año, de otras 170.000. La mayoría siempre estuvo declarada ante la administración fiscal, de modo que no debieron ser blanqueadas. Pero existe un grupo de cuentas que estaban ocultas con anterioridad al blanqueo y que tampoco fueron incluidas en éste por sus titulares. El procedimiento ahora que sigue la AFIP es darle de baja al trámite e iniciar el cobro de multas y penalidades.
Según las nuevas medidas, se podía exteriorizar activos pagando un 10% de lo declarado cuando se tratara de más de u$s50.000. Y se prometía luego una alícuota del 0,25% por Bienes Personales, que finalmente no se cumplió, porque el Gobierno decidió incluir alícuotas de 0,25%, 0,50%y 0,75% en el marco del ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los datos se obtienen a partir de la firma de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua de Asuntos Fiscales ya se adhirireron más de 130 países. El acuerdo establece como obligatorio el intercambio de información de cuentas bancarias que superen los u$s250.000. Según manifestó Cuccioli, debido al proceso de intercambio de información se generaron “centenares de casos de irregularidades”. En esos casos se llama al contribuyente para que explique la inconsistencia. De no responder satisfactoriamente, entre otras cuestiones, pierde los beneficios del blanqueo de 2016, si es que decidió entrar al mismo, pero no informó todo lo que tenía en el exterior. En el blanqueo se declararon unos u$s100.000 millones de bienes. Las cuentas bancarias tenían el beneficio de no tener obligación de repatriar el dinero. Los que no entraron al blanqueo deberán pagar multas y corregir declaraciones juradas del impuesto a los Bienes Personales para incluir las cuentas que antes no estuvieron declaradas. Esfuerzos loables, pero bien difíciles para encontrar la desnudez de la transparencia en nuestro emponchado poder nacional, sencillamente porque a la mentira criolla le gusta tener un enorme guadarropas, no?

Fuentes: Ámbito Financiero, AN, NA, propias