El proyecto de ley que propicia refinanciar o modificar el perfil de la deuda de Chubut se encuentra en análisis de la Comisión de Hacienda de la Legislatura provincial. La iniciativa ha generado debate en las filas de la oposición. El radicalismo se opone a que Provincia traslade los vencimientos de deuda, mientras que el justicialismo estaría dispuesto a dar tratamiento a la refinanciación, pero sin nuevo endeudamiento. El Gobierno tiene la expectativa que el proyecto sea llevado al recinto esta semana.
Así las cosas, días pasados el ministro de Economía, Alejandro Garzonio, y el subsecretario de Desarrollo Económico, Luis Tarrío, anticiparon que deberán refinanciar en 48 cuotas la suma de 2.977 millones de pesos, y fue en ese marco que advirtieron que, en caso contrario, ese valor será descontado de los ingresos por coparticipación.
Garzonio fue el responsable de manifestar que “necesitamos esta Ley imperiosamente”, al tiempo que ratificó que irían a la Legislatura provincial las veces que fuera necesario para explicar los alcances del proyecto enviado por el Ejecutivo.
La intención del Gobierno es salir del esquema de “vencimientos inmediatos” y pasar a uno de vencimientos a “largo plazo”; por ello, la intención inicial era refinanciar la deuda antes de finales del 2018; sin embargo, de acuerdo a lo indicado por Tarrío, los plazos se acortaron por la situación general a nivel nacional, así como también por efecto de variables macroeconómicas, por lo cual “necesitamos hacerlo este mismo mes de agosto”.

El radicalismo se opone

Dirigentes provinciales y nacionales de la UCR mantuvieron un cónclave en Comodoro Rivadavia, y allí acordaron “estar preparados ante un eventual escenario de adelantamiento de las elecciones en Chubut y ratificaron la oposición a la refinanciación de la deuda con el Fondo Fiduciario Para el Desarrollo Provincial para que no la tenga que afrontar la próxima gestión”.
Del encuentro participaron el presidente del partido, César Herrera; el diputado nacional de Cambiemos, Gustavo Menna; los legisladores provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni y Jacqueline Caminoa; el funcionario nacional Emiliano Álvarez Raso; la presidenta de la Convención Radical, Margarita Jones de Green; el síndico de Banco del Chubut, Juan Gutiérrez Hauri; el ex presidente de la UCR, Raúl Barneche; el dirigente valletano Claudio Conrad; los intendentes Sergio Ongarato (Esquel) y Leonardo Bowman (Telsen); concejales de Rawson y Comodoro Rivadavia; y algunos presidentes de los Comités Departamentales.
Hubo un análisis de la situación provincial, particularmente enfocada a la posibilidad de que la gestión del gobernador Mariano Arcioni “adelante las elecciones”. En este tópico, el radicalismo dejó en claro que “hay que estar preparados para que no los encuentre desprevenidos”.
La oportunidad fue propicia para ratificar su desaprobación al acompañamiento de la refinanciación de la deuda del Gobierno provincial con Nación. La visión fue más negativa en el caso de un nuevo endeudamiento.

El justicialismo dispuesto

La semana anterior los responsables de la cartera de Economía se reunieron con el presidente del bloque del PJ-FpV, Javier Touriñan, quien se limitó a señalar que el proyecto está en análisis de la Comisión de Hacienda de la Legislatura, y que de acuerdo al diálogo con sus pares (porque él no integra esa comisión), desde su bloque estarían dispuestos a acompañar una iniciativa de refinanciación, en tanto no implique un nuevo endeudamiento.
Existen dos observaciones al proyecto, una de ellas es que “los anexos que tiene el proyecto de convenio, trae los mismos dieciséis puntos que tenía el convenio que no acompañamos en noviembre del año pasado y que es el anticipo de los ajustes que hoy estamos padeciendo”, dijo la legisladora Gabriela Dufour acerca de la iniciativa, refiriendo que “en esos 16 puntos nos advertían y hoy está concretamente en la preocupación de todos los patagónicos. El Gobierno Nacional está pensando un ajuste feroz para las provincias y en este endeudamiento aparece nuevamente como requisito este monitoreo por parte del Gobierno Nacional”.
Desde el PJ-FpV, aseguran que “es necesario explicarle a la gente que hoy la tasa Badlar es 38% anual, por lo que la Provincia deberá pagar por la suma de los dos puntos el 40%, sobre la base que está hecho el cálculo, quiere decir que hay 130 millones de pesos mensuales que tendría que estar pagando la Provincia. Es el 50% del aumento salarial que acaban de dar a todo el Estado. Significa que estamos como el Gobierno Nacional, es mucho más el impacto de los intereses que la mejora para la vida de la sociedad”.

Coparticipación en riesgo

La decisión de la cartera económica provincial de refinanciar casi 3 mil millones de pesos para este mes, so pena de que dicho monto sea deducido del total que Chubut recibe por coparticipación, se enmarca en la decisión del Gobierno Nacional de recortar 300 mil millones de pesos al resto de las provincias, cuyos “ajustes” comenzaron a notarse con, por ejemplo, el Decreto que fijó pisos y topes para las asignaciones familiares de las provincias del norte y del sur del país, el cual permanece en “stand by” a la espera de una nueva “propuesta” por parte de Nación.
Actualmente, la provincia de Chubut recibe, según el régimen vigente, un total de 11.021.720.000 pesos anuales por parte de Nación en concepto de coparticipación, el cual sumado a otros conceptos devenidos de Ganancias, Seguridad Social y Combustibles, entre otros, totaliza unos 13.954.741.000,4 pesos; la cifra se desprende del informe publicado por el Consejo de Responsabilidad Fiscal para este año, según lo enmarcado en el cumplimiento de la Ley 25.917 de “Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal”.

Desequilibrios

Según datos recientes del Ministerio de Hacienda de la Nación, durante el primer semestre de 2018, la Provincia de Buenos Aires tuvo un incremento de la coparticipación del 102 por ciento, comparando con la misma variable en términos interanuales.
Ello reflejó una suba de entre el 25 y el 30 por ciento en comparación con lo recibido por Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén.
Hasta diciembre de 2015, los incrementos se mantenían “parejos” para todas las jurisdicciones, a excepción de las tres provincias que habían sido beneficiadas por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que les “devolvía” los recursos que eran detraídos para la Anses.
Sin embargo, al analizar a los Recursos de Origen Nacional que incluyen leyes especiales, compensaciones, y el Fondo Federal Sojero (FFS), la diferencia entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones de la región patagónica, continúa siendo pronunciada, ya en el orden de los 30 a 35 puntos porcentuales.