La Jueza Penal Patricia Eizmendi, exhortó al Poder Ejecutivo Provincial a restituir de manera perentoria el servicio médico y de enfermería en el Instituto Penitenciario Provincial N° 1.
La empresa Cuidados S.A resolvió suspender el servicio desde el martes a las 8 de la mañana y a raíz de esa situación, la Defensora Penal Pública, Gladys Del Balzo, presentó una hábeas corpus en representación de los alojados en el edificio ubicado a la vera de la Ruta 3, entre Trelew y Madryn.
La Jueza Eizmendi adoptó la medida “en cumplimiento de las imposiciones requeridas al Estado Nacional por parte de la Corte Interamericana en relación a que se adopten de manera efectiva las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de las personas en riesgo”.
En sus fundamentos, la magistrada resaltó que en noviembre pasado, la Jueza Patricia Reyes ya había intimado a la Provincia a dar una respuesta definitiva a la cuestión de la asistencia médica en el Instituto Penal.
Eizmendi expresó que siente la obligación de actuar “con estricta observancia en el tema de la violación de los derechos humanos en el ámbito institucional y resguardar en el caso que tengo entre manos la salud e integridad física y psíquica de las personas alojadas en el lugar”.
La Jueza madrynense intimó al Poder Ejecutivo Provincial a fin de que por a través del o los ministerios que correspondan disponga la afectación del personal médico, de enfermería y ambulancia con la implementación de insumos médicos pertinentes de algunas de las ciudades cercanas, ya sea Dolavon, Gaiman, Rawson, Trelew o Puerto Madryn, a partir de las 13 del día 20 de diciembre de 2016, hasta tanto se regularice la situación definitiva de la prestación médica en el Instituto Penitenciario Provincial N° 1, debiéndose informar a la magistrada la decisión adoptada al respecto.
Las actuaciones fueran remitidas al Titular del Poder Ejecutivo Provincial, al Ministro de Gobierno de la Provincia y puestas a disposición del Ministerio Público Fiscal.