La Justicia pone la mira en empresarios poderosos del país. La mayoría de ellos, involucrados en investigaciones ya se presentaron a indagatoria. Muchas de las causas están vinculadas con el Lava Jato brasileño, en el que están envueltos el grupo Odebrecht y la petrolera estatal Petrobras. Pero también hay otros numerosos casos que involucra a nombres resonantes, y sobre todo un proceso inédito que invita a poner las `barbas en remojo´ a muchos exitosos.

Precedentes vecinos

El ex presidente de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado en el marco del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, accedió ahora al régimen de prisión domiciliaria con una tobillera electrónica que lo acompañará durante el resto de su pena.
La vida de este magnate brasileño dio un vuelco de 180 grados el 19 de junio de 2015, tras ser detenido en el marco de la Operación Lava Jato, que investiga la trama corrupta que desvió millonarios recursos de la petrolera estatal Petrobras y que también tiene su capítulo en la Argentina.
Un camino parecido desde lo legal pero a la inversa, es el que acaba de iniciar Cristóbal López. Obligado a cambiar la comodidad de su piso de Puerto Madero que compartía con su novia y modelo Ingrid Grudke, por una celda en el penal de Ezeiza y en compañía de ex dirigentes y funcionarios kirchneristas, como Luis D´Elía y Amado Boudou.
Su llegada a ese penal no está directamente vinculada con la conexión local del Lava Jato, a pesar de haber sido sospechado por la compra de parte de los activos de la filial local de Petrobras en 2013. Pero la Justicia brasileña investiga si el ex dueño del Grupo Indalo pagó coimas y sobornos a políticos y ejecutivos de la petrolera estatal del país vecino para destrabar la operación.
También se sospecha que parte de los $8.000 millones que la AFIP le reclama por no haber girado del impuesto a la transferencia de combustibles fue usado para financiar la compra de más de un centenar de estaciones de servicio y una refinería bajo la marca Petrobras Argentina.

El temido efecto dominó

Si bien su caso no es el primero de un empresario entre rejas, marca el avance que la Justicia argentina también está teniendo en hechos que vinculan a empresarios locales de peso con investigaciones por supuestos ilícitos cometidos en los últimos años y bajo el amparo de las gestiones inmediatas de Néstor y Cristina Kirchner.
El emblema de esta avanzada fue Lázaro Báez; quien fuera el primero en caer en desgracia. Pero entre el 4 de abril del 2016, cuando el ex cajero del Banco de Santa Cruz fue enviado a Ezeiza, y el pasado 18 de diciembre -día en que Cristóbal López conoció por primera vez su dormitorio en el mismo penal-, transcurrieron casi 20 meses. Durante ese lapso, otros importantes hombres de negocios de la Argentina han comenzado a enfrentar diversos procesos judiciales.

Se alarga la lista

Si bien en el caso de Báez y López el establishment no los reconoce como empresarios sino como kirchneristas oportunistas, la lista de poderosos hombres de negocios, alguno de ellos sumamente millonarios, también comenzó a sumar apellidos.
No es tan larga como la de los 21 ex funcionarios K. Pero en los tribunales de Comodoro Py aseguran que se irá incrementando el año próximo, a medida que más jueces se animen a profundizar sus trabajos, ahora amparados por un cambio político.
Desde un poderoso banquero como Jorge Brito, pasando por apellidos ilustres y dueños de un imperio multinacional como los Rocca, hasta un primo del presidente Macri como lo es Ángelo Calcaterra y el dueño de la filial local de Fiat, Cristiano Rattazzi, figuran en sendas causas judiciales.
Los temas incluyen presuntas irregularidades en licitaciones, en la compra de activos, conexiones con el Lava Jato brasileño, presunto lavado de dinero, pago de sobreprecios en obras públicas, sospechas de sobornos son algunas de las causas que los involucran y que llevan adelante jueces como Julián Ercolini, Ariel Lijo, Sebastián Casanello y Claudio Bonadío, entre otros.

Aldo Roggio

El primero de diciembre pasado debió concurrir a prestar declaración en una investigación en la que también están involucrados el ex presidente de AYSA durante el kirchnerismo, Carlos Ben, y el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner. Además, Roggio y el resto de los 28 involucrados tienen sus bienes inhibidos por orden de Casanello y están siendo investigados por la evolución patrimonial. Para la Justicia existirían evidencia para sostener que la adjudicación de las obras de la planta potabilizadora «Juan Manuel de Rosas» en el Paraná de las Palmas, en el 2008 y la «Depuradora del Bicentenario» en Berazategui, en 2007, constituyó «un montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena», afirmó Casanello.

Ángelo Calcaterra

En el caso del primo del presidente Mauricio Macri es investigado pero no ha sido llamado a indagatoria a pesar de que el fiscal federal Franco Picardi solicitó un embargo en su contra por $54 millones. Se trata de una causa por presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento por parte del consorcio liderado por Odebrecht.
En el caso también está involucrado el empresario Jorge «Corcho» Rodríguez y los pedidos del fiscal se produjeron luego de que un fallo de la Cámara Federal dispusiera que se evaluaran medidas cautelares.
La investigación apunta a determinar si existió el pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integraron IECSA, Ghella y Comsa para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006. Los sobornos se habrían pagado -según la Fiscalía- a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, además de desembolsos provenientes de empresas offshore radicadas en el exterior.

Paolo Rocca

En el caso del dueño del holding siderúrgico Techint, la indagatoria no es local. Es parte de una presentación realizada por un fiscal italiano que investiga el pago de presuntos sobornos en Brasil.
Sin embargo, hasta ahora la Justicia argentina no respondió a los exhortos recibidos desde Europa por parte del fiscal Fabio Di Pasquale, quien estuvo en el país en noviembre.
El funcionario judicial italiano se reunió con la jueza federal María Servini de Cubría y los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano para pedirles que la Justicia local ordene la citación a declaración indagatoria del dueño del mayor conglomerado siderúrgico del país y uno de los más importantes del mundo. Hay un grupo de fiscales de Milán que, según sostienen, encontraron pruebas de vínculos entre Techint, sociedades offshore y cuentas suizas que se habrían usado para pagar sobornos a funcionarios brasileños de Petrobras. La mira está puesta especialmente de Tenaris, su fabricante de caños de acero, y su subsidiaria en Brasil: Confab. Techint enfrenta en Brasil otras dos causas a partir de denuncias presentadas por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La otra fue impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Otras investigaciones

Otros nombres de alto perfil que están siendo investigados son Cristiano Rattazzi, en el marco de una causa por supuesta compra irregular de helicópteros que habría hecho el Ministerio de Defensa durante las gestiones de Julio Alak y Nilda Garré y también del actual Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich.
Las causas son investigadas por el juzgado de Daniel Rafecas, quien debe analizar las pruebas presentadas y en las cuales se imputa a la empresa «Flight Express», propiedad de Rattazzi y sus socios Julio De Marco y Claudio San Pedro, por defraudación contra la administración pública.
El fiscal Guillermo Marijuan también pidió abrir un expediente contra Flight Express por presunto cobro de sobreprecios en la actualidad. El funcionario investiga la venta de aeronaves Eurocopter BO 105 (actualmente Airbus Helicopters) por u$s2,5 millones cuando los precios de mercado de esas aeronaves no superan los u$s400.000 cada una.

Jorge Brito

Otro de los nombres de alto perfil es el de Jorge Brito, quien es investigado por la causa Ciccone. El 27 de noviembre fue a indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo. El banquero le entregó un escrito al magistrado donde niega las acusaciones que hasta ahora llevaron a la cárcel a Boudou y a su socio José María Núñez Carmona por presunto enriquecimiento ilícito.
Lijo quiere saber cómo se llevó a cabo el operativo salvataje de la única imprenta privada con capacidad de fabricar billetes que Boudou y sus amigos quiso apropiarse a través The Old Fund, a pesar de que tenía una deuda con la AFIP de u $s60 millones. En su declaración, Vandenbroele abonó la teoría de que el dinero fue acercado por el banquero y el empresario Raúl Moneta. Así las cosas, la lista de los empresarios bajo la lupa sigue creciendo. Por ahora, a casi todos los une una palabra en común: indagatoria. En lenguaje judicial, se trata de la declaración de un imputado a quien se le brinda la oportunidad de que ejercite su defensa, a través de su silencio o de su manifestación verbal.
Se produce cuando existe un estado de sospecha de su participación en un hecho con relevancia de pena, presuntamente ilícito. Una nueva etapa de definiciones de la justicia y sobre todo para los negocios demasiado rentables en la Argentina. Y si bien la ola de `purificación´ aparentemente aún no llegó a Chubut, no se descarta que se activen investigaciones vinculadas a negocios que ameritan explicaciones extras, como la obra pública, el flujo de activos de algunos sindicatos y otras actividades de llamativa prosperidad.

Fuentes: IP, P, propias