En la continuidad del juicio oral y público contra ocho imputados por las ocupaciones ilegales en Playa Magagna, el juez César Zaratiegui deberá resolver para el próximo viernes un planteo efectuado por el defensor oficial Omar López que insistió en que el Ministerio Público Fiscal que realizó la investigación no describió la conducta de cada uno de quienes hoy están sentados en el banquillo de los acusados.
El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal general Griselda Encina, querellantes en representación de la familia Galina dueños de las tierras usurpadas, son los abogados Jorge Rubiolo y Gonzalo Torrejón, y los imputados son defendidos por el defensor particular Omar López.

Alegato

López indicó que la descripción de los hechos es “insuficiente” porque no estaban descriptas las conductas de cada uno de los imputados. Agregó que los cargos de haber actuado “con violencia y de manera clandestina” no constan en la acusación e investigación que realizó el Ministerio Público Fiscal y por el cual fueron llevados a juicio oral y público Gustavo Bernardi, Karen Neira, Bruno Muñoz, Paola Muñoz, Alejandro Tejada, Gumersindo Rodriguez, Fernando Mayo y Carlos Ojeda. “El Ministerio Público Fiscal habla de clandestinidad pero no dice por ejemplo qué cerradura, alambrado o tranquera rompieron. También habla de violencia, pero tampoco dice la violencia empleada, si por ejemplo lesionaron a alguien, tiraron una molotov, o pegaron patadas. Es decir que los hechos no están descriptos, solo están normados. Y con eso no alcanza para que la Fiscalía y los querellantes realicen una acusación acorde, que permita este debate oral y público”, destacó.
El defensor oficial había anticipado el lunes que en la continuidad de la audiencia, este martes, realizaría un planteo “profundo y extenso”. Ahora el juez Zaratiegui se encuentra analizando lo dicho por las partes y el viernes próximo, en el reinicio de la audiencia, deberá dar a conocer su decisión. De su postura dependerá que se escuche o no a la decena de testigos propuestos por las partes, entre ellos, los testimonios de los propietarios de las tierras, funcionarios municipales y policías.