Empieza el baile

“Bajar el cepo implica cuidar los precios o la calesita podría volcar sin querer queriendo”, dicen en la jerga los jugadores menores de los avatares de las oscilaciones extremas, que somete el péndulo político a la siempre maltrecha economía Argentina.
A la par de liberar el dólar lo que expondría en los hechos una devualción del orden del 40% dicen los expertos, la urgente intención del ministro Alfonso Prat Gay de retrotraer a noviembre los precios se tomó con un primer desafío bravo: La Serenísima y los criadores de pollos directamente anunciaron que se bajan del programa “Precios Cuidados” de manera unilateral.
Es que tras la baja de retenciones, hablan de un dólar a 13 pesos y con esto cualquiera que venda algo sabe que debe acomodar los números entre el valor de producción y del producto para no perder.
Es el primer desafío fuerte de sectores empresarios al presidente Mauricio Macri y se concretó el mismo día que se anunció la eliminación de las retenciones al maíz, trigo y carne y baja de cinco puntos para la soja.

Desplume

Los criadores de pollos fueron un aliado férreo del kirchnerismo y el conductor de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, incluso fue anunciado como candidato a ministro de Asuntos Agrarios de Aníbal Fernández si ganaba la gobernación de Buenos Aires. De manera que no sorprende su actitud en un momento crítico del nuevo Gobierno, justo cuando trata de desatar el nudo macroeconómico que dejó el modelo diagramado por Cristina y Axel Kicillof.

Mala leche

Lo que si sorprendió y pegó fuerte en la Casa Rosada fue la decisión anunciada de La Serenísima, conducida por la multinacional francesa Danone, pero a la que recientemente se sumó el dueño de Arcor, Luis Pagani, que se suponía era uno de los aliados claves de Macri.
De hecho, fue Pagani quien le sugirió al presidente el nombre de su lobbysta Jorge Lawson para que lo designe ministro de Trabajo. La jugada finalmente estalló por el aire por el rechazo cruzado de Sergio Massa que se intuyó puenteado por José Manuel de la Sota –Lawson era ministro de su gobierno- y de todas las centrales obreras.
El desafío no podría ser más inoportuno. Macri y su equipo económico están tratando de calibrar al máximo los efectos de la inminente devaluación y quieren acotar los efectos sobre la inflación que el propio presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reconoce que podría tocar el techo del 40 por ciento en el 2016, para luego iniciar un camino descendente, si funciona la política de metas que quiere aplicar Prat Gay.
Es por eso que el ministro de Hacienda y Finanzas anunció que continuará por un tiempo indeterminado el plan “Precios Cuidados”, que ahora está a cargo del nuevo secretario de Comercio Interior, Miguel Braun, y por arriba suyo el ministro de Industria, Francisco Cabrera, a quien dos sectores muy poderosos y de impacto pleno en la canasta básica acaban de plantear un desafío mayúsculo.
El propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoció la complejidad que enfrentar al afirmar horas atrás que «no somos matones, pero vamos a juntarnos con los empresarios que son los formadores de precios para hablar de la responsabilidad que tenemos todos los actores en Argentina de comportarnos de manera responsable».

Quien les pone el `cascabel´?

En una reunión reservada con los directivos de la Copal, los funcionarios de Macri ya habían tanteado la posibilidad de retrotraer los aumentos y la negativa fue rotunda.
Una apelación a las buenas intenciones a las que históricamente los empresarios no han sido permeables. De hecho, con toda deliberación otras multinacionales de consumo masivo como Unilever y Procter & Gamble, aumentaron cerca del 40 ciento sus productos entre la primera y la segunda vuelta.
El cálculo cínico que hicieron es que el gobierno saliente ya no tenía poder para impedírselos y sea quien sea el que ganara, no iba a poder contradecir la tradición argentina que indica que precio que sube no baja. Por eso, los funcionarios macristas hablan de retrotraer los precios a noviembre, es decir antes del ajustazo.
Esto se habló luego de la segunda vuelta en encuentros informales con directivos de la Copal, la cámara que reúne a las poderosas empresas de alimentos que conduce Daniel Funes de Rioja. Allí luego de recibir las felicitaciones del caso, los funcionarios macristas tantearon por primera vez la posibilidad de retrotraer los aumentos y le negativa fue rotunda.
Lo que temen en el entorno de Macri es que esta rebelión desate una puja de todos sectores económicos por recuperar la rentabilidad perdida, que complique el desarrollo de un programa que tiene la delicada tarea de pasar de una economía con precios reprimidos a su sistema de libre mercado.

Nuevos aliados

A la par, y en medio del desbarajuste que se les empezó a generar con el sector menos pensado que es el empresariado grande, se supo que el Gobierno cederá a la CGT el control de las obras sociales sindicales, en un gesto de hacerse de un sector aliado que podría realizar el amague necesario al empresariado en lugar del macrismo, lo que no se vería `políticamente´ nada correcto para un arranque con promesas varias.
Lo hará en los próximos días con la firma, demorada, de la designación de un técnico afín a los gremialistas al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud. La nominación está en línea con las gestiones de reunificación de la central obrera, al contar con el visto bueno de los sectores de Antonio Caló y Hugo Moyano. Y apuntará a calmar la ansiedad del sindicalismo peronista que por estos días también apretó talones, y resolvió pedir un bonus de fin de año para todos los trabajadores formales.
El elegido para la Superintendencia es Luis Scervino, director médico de la Obra Social de Obras y Servicios Sanitarios y un técnico de confianza del jefe de ese sindicato, José Luis Lingeri. La demora en la definición tenía hasta ayer dos explicaciones: por un lado, las tratativas de las empresas de medicina prepaga (un área que también es responsabilidad de la SSS) para condicionar el margen de acción del nuevo funcionario, y por otro la ausencia de renuncia de la actual ocupante del puesto, la santacruceña Liliana Korenfeld.
De todos modos, en la estructura del organismo y en el sector sanitario daban por hecho que Mauricio Macri cumpliría su compromiso con la CGT. De hecho, ayer Scervino visitó la Superintendencia y se presentó como nuevo jefe del organismo que cuenta con un presupuesto anual estimado de $ 7.000 millones y que tiene a su cargo la distribución de fondos millonarios entre las obras sociales gremiales. El puesto de gerente general (número dos del área) estaba reservado para Oscar Cochlar, un exfuncionario de la SSS y que también goza de la confianza de los sindicalistas.
El nombramiento recayó sobre Lingeri, el experto de la CGT en la estructura de financiamiento de las organizaciones de salud de los gremios. Esa condición, y la de haber sido titular de la ex Administración Nacional del Seguro de Salud (Anssal) en el Gobierno de Carlos Menem, le dio históricamente al directivo de AySA preeminencia entre sus pares a la hora de negociar con las sucesivas administraciones recursos para las obras sociales.
Hasta ahora los primeros vínculos entre Macri y el gremialismo peronista venían siendo pendulares. El nombramiento de Jorge Triaca al frente del Ministerio de Trabajo calmó la ira inicial que había disparado el primer nombre que trascendió, Jorge Lawson, un empresario de Córdoba con activismo en la Unión Industrial. También preocupó el amago de no modificar Ganancias y no conformó la exención dispuesta en el pago de ese impuesto sobre el aguinaldo de fin de año sólo en sueldos en bruto inferiores a 30 mil pesos. La demora en resolver la estructura de la SSS también estaba trayendo inquietud. Por lo que se habría decidido aflojar el paso en algunos de los múltiples frentes que arrastra “Cambiemos”.

Fuentes: LPO, Ambito Financiero, Cronista, propias