“TIENE QUE HABER UN MANEJO MÁS SANO DE LOS FONDOS PÚBLICOS”. LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UN ORGANISMO QUE INTENTARÁ RECUPERARSE DE LA ANESTESIA

Clave para empezar


p3Tras 13 años al frente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy llamó a que el Congreso modifique el funcionamiento del organismo y que el futuro Gobierno active los resortes de control para que “no tengamos tantos funcionarios juzgados”. Muchas voces críticas recordarán estos 12 años de Gobierno K por la “anestesia” inyectada a los organismos de control. La Auditoría General de la Nación (AGN), definida como los ojos del Congreso sobre la gestión, adquirió un protagonismo singular en los últimos años, sobre todo con los informes que presagiaron la tragedia ferroviaria de Once. Pero el organismo, cuya ley rectora está pendiente desde la última reforma constitucional, sigue con la “pólvora mojada”.
Leandro Despouy, presidente de la AGN desde 2002, recibió a Parlamentario en el remodelado edificio frente a la Plaza de los Dos Congresos, rescatado de las ruinas e inaugurado a fines del año pasado por Cristina Kirchner. El auditor mantiene el mismo carácter templado que exhibió en aquel acto, cuando la presidenta le pidió que “cambie la cara”.
En vísperas del tratamiento del Presupuesto 2016 en el recinto del Senado, el radical apuntó a la “distorsión creciente” entre lo que aprueba el Congreso y lo que luego se ejecuta, que hizo que el año pasado el Gobierno batiera un récord al gastar un 36% más de lo previsto sin autorización del Parlamento.
Despouy denunció que el Presupuesto “se transformó en una herramienta de disciplinamiento político” dado por la afinidad de las provincias con el modelo, y por otra parte consideró que “cada fuerza política tendría que presentar su propio Presupuesto” de cara a la ciudadanía.
En el segundo tramo de la entrevista, el auditor general de la Nación subrayó que “hay una enorme dificultad en la arquitectura jurídica de la AGN”, que hoy tiene mayoría oficialista y no puede querellar, a diferencia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, otro organismo que reconoció paralizado.
Por eso, pidió que la ley “sea una de las prioridades del futuro Congreso”, pero también advirtió que “tiene que haber un manejo más sano de los fondos públicos que evite casos como el de (Ricardo) Jaime, porque van a venir muchos otros”.
“Queremos que el tema del control se instale sanamente como una voluntad colectiva de todos los que quieren asumir la responsabilidad de gobernar el país y de manejar los fondos públicos”.
Con el cambio de signo político, Despouy podría concluir este año una trabajosa labor al frente de la AGN, en un contexto adverso, pero con la satisfacción de haber producido informes de “enorme valor jurídico” y de haber “recuperado credibilidad, notoriedad y autoridad”.

Presupuesto 2016

P:- ¿Hubo una constante en la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado en estos 12 años de Gobierno?
A.D:- Con distintos mecanismos y distintas formulaciones del Presupuesto, en todos los casos se ha verificado –sobre todo en los últimos años en forma creciente- una distorsión entre el Presupuesto que se aprueba y el Presupuesto que se ejecuta. Son distorsiones considerables, que en algunos casos superan el 30 por ciento. En la región –salvo países como Venezuela, que no hemos estudiado- difícilmente se registren este tipo de distorsiones. Esta diferencia entre Presupuesto aprobado y Presupuesto ejecutado se ejecuta sin autorización del Congreso. Son decisiones de afectación de recursos en las que no interviene el Congreso. Por otra parte, esto acentúa la práctica de nuestro país de la distribución discrecional de los fondos públicos, una de las observaciones más serias que nosotros hacemos a la luz de los informes de auditoría. La forma en que se canalizan y se ejecutan esos fondos no sólo es discrecional, sino también arbitraria, discriminativa, porque algunas provincias se benefician con mayor número de transferencias, y otras reciben un monto menor, como Santa Fe, Córdoba y San Luis. Son provincias que son sancionadas. En cambio, otras provincias que tienen cierta afinidad política con el Ejecutivo son beneficiadas. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recibió de 2007 a 2014, 37 mil millones de pesos en programas sociales para la vivienda. Esta circunstancia más la posibilidad de ejecutar este plus que hay entre el Presupuesto aprobado y el ejecutado -a través de medidas como los DNU, disposiciones administrativas y otros recursos propios de la Ley de Emergencia Económica- muestra una fuerte presencia del Ejecutivo en la distribución de los fondos, que se ha transformado en una herramienta de disciplinamiento político.

P: – ¿Qué valor tiene un Presupuesto cuyas variables muchas veces quedan desactualizadas a los pocos meses de vigencia de la ley?
A.D:- El Presupuesto se transforma en una alegoría, queda completamente librado a una ejecución que se adapta a las decisiones y a los intereses del Ejecutivo. Hay un apartamiento total de la ley fundamental del programa de Gobierno, que marca las metas, los objetivos, los plazos y los parámetros para medir el cumplimiento de esas metas. Además, la ejecución del Presupuesto se transforma en unitaria. Nuestro país se ha visto eminentemente unitario desde el punto de vista del manejo de los recursos.

P: – ¿Hay una subestimación del gasto?
A.D:- Los mecanismos que han permitido esos excedentes han ido cambiando con el tiempo. Hasta el año 2010 había una subestimación del Producto Bruto Interno, de la inflación y de los ingresos. A partir de ahí empieza a haber déficit, entonces ya no se subestiman los recursos ni el crecimiento, sino que se subestima el gasto. Como se tiene libertad para gastar más allá de lo que prevé el Presupuesto, se genera un circuito para el apartamiento total de la lógica presupuestaria, con el fin de tener ese margen de discrecionalidad en la distribución de los recursos.

P: Durante el debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo aseguró que los desvíos presupuestarios del Estado son razonables y comparables con los que se producen en las empresas, ¿es válida esta comparación?
A.D: -Una cosa es lo que se hace con el dinero privado, que tiene sus procesos de discusión y aprobación, y otra cosa es lo que se hace con el dinero público, que también tiene sus propios procesos de discusión y aprobación, por ley. El año pasado, el gasto de la Administración Nacional se modificó un 36% entre lo que aprobó el Congreso y lo que finalmente se ejecutó. Son distorsiones que van más allá del doble de lo que se cree normal en una empresa privada, que tiene sus propias reglas y además está en el juego del mercado. La racionalidad estatal está regulada por ley y no por la simple decisión de un directorio, que puede realizar modificaciones. En este caso es el Parlamento el directorio que tendría que determinar los cambios, pero esas decisiones se apartan de la ley y se hacen sin que el Parlamento lo autorice.

El funcionamiento de la AGN

P:- ¿Cómo puede la AGN ser un organismo de control efectivo teniendo mayoría oficialista?
A.D: – Hay una enorme dificultad en la arquitectura jurídica de la AGN. La reforma constitucional del ´94 prevé con toda claridad que la responsabilidad del control externo del Estado queda en manos de la Auditoría General de la Nación, cuyo presidente debe ser designado por la primera fuerza política de oposición en el Parlamento. Hasta ahora, esta fuerza ha sido el radicalismo. Lo que pasa es que nunca se sancionó la ley que debe reglamentar el artículo 85 de la Constitución nacional, con la composición, las funciones y el trabajo de la Auditoría. Por la inexistencia de esta ley reglamentaria, se ha seguido aplicando la Ley 24.156, que es previa y que tiene algunos vicios. Esa ley significó un paso importante en cuanto a las exigencias para la presentación y aprobación del Presupuesto –cosa que, como veíamos, no se cumple-, y también se cumple el artículo 85 de la Constitución nacional que prevé este requisito, en la medida que se aplica la vieja ley en la elección y composición del colegio. La Constitución no prevé que sea un cuerpo colegiado, pero la ley antigua prevé un colegio, y ¿quién lo elige? Las mayorías parlamentarias. Y ahí se pueden producir distorsiones. De los tres que tiene que elegir el Senado, dos los ha elegido el oficialismo, así como los dos de la Cámara de Diputados, y uno y uno fueron elegidos por la oposición. ¿Qué consecuencias han tenido estas distorsiones? Dificultades en el funcionamiento de la Auditoría, que por momentos se han superado, pero se ha generado cierta litigiosidad con respecto a la aprobación de algunos informes.

P: – Además del tema de la composición, la ley pendiente debería darle a la AGN la capacidad de querellante en las causas…
A.D: – Las cosas que la ley tendría que incorporar son las resultantes naturales de una entidad de fiscalización superior, con rango constitucional, como se tiene en cualquier lugar del mundo. Entre ellas, la capacidad para ser parte de una querella. ¿Cómo es posible que nosotros veamos la comisión de hechos gravísimos, y no hayamos podido ser querellantes, ni en ese ni en los 460 informes de auditoría que hemos enviado a la Justicia? ¿Cómo no vamos a tener una ley que nos dé una legitimación activa, por un procedimiento fácil y ágil, cuando reclamamos información a un ente auditado? Hoy tenemos un procedimiento engorroso, hay que pasar por el Parlamento para poder llegar más tarde a la Justicia, lo cual prolonga nuestro trámite. (…)
Por eso sería muy importante que después de esta experiencia –que ha sido muy positiva en algunos aspectos-, se pueda pensar objetivamente en la importancia del control, que se incorpore en la agenda política y que la ley sea una de las prioridades del futuro Congreso. Tenemos la posibilidad quizá histórica de que todos los sectores estén interesados en el establecimiento de reglas del juego claras, para tener un organismo de control sano, objetivo y sin ecuaciones políticas deformantes. Una gestión que pueda ayudar a que se discipline de manera distinta el manejo de los fondos públicos, la ejecución presupuestaria y un manejo más federal, más racional y más legal del gasto público. (…)

Fuente: Parlamentario


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