Una funcionaria de Dufour integra dos empresas pesqueras

Las dos tienen el mismo nombre, y se podría decir que son `mellizas´. Ambas se llaman “cuatro”, una en castellano y la otra en inglés; ambas están integradas por los mismos cuatro miembros de sendos directorios (Canosa, Helwig, Casas Armanetti y Errozarena); ambas están vinculadas a la pesca (una a múltiples actividades productivas y la otra a tráfico y transporte); ambas tienen el mismo valor de capital social declarado de 300 mil pesos; ambas fueron constituidas el mismo mes y ambas poseen la misma dirección legal: 28 de Julio 46.
Más allá de todas estas coincidencias sin embargo, el dato que alarmó fue la participación de una funcionaria del Ministerio de la Producción que regentea Gabriela Dufour como “gerenta” de las `mellizas´, con lo que se podría inferir en una posible violación a la Ley de Ética Pública, al participar directamente como accionista de dos empresas privadas, cumpliendo a la vez una función pública en un organismo vinculado directamente a los intereses y acciones de la firma. La gerenta en cuestión es nada menos que funcionaria de la ministro Gabriela Dufour, quien tuvo a su cargo la legitimación del cierre de Alpesca, tanto como su expropiación, gestora además junto a Carlos Eliceche del crédito millonario otorgado a Segundo sin avales, por lo cual hay una causa abierta en la Justicia.
Erica Noemí Helwig, es actualmente directora de Análisis de Mercados del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos. Antes se desempeñó en la Subsecretaría de Comercio Exterior e Interior, del Ministerio de la Producción.

¿Negocio a medida?

Desde hace tiempo en la justicia circularían investigaciones vinculadas al reemplazo de barcos con bodegas ampliadas sin objeciones oficiales, permisos excepcionales y experimentales que se han convertido en negocio redondo y mercado acotado para un grupo de amigos. De allí que estas nuevas constituciones societarias llamaron poderosamente la atención de los entendidos del sector que no tardaron en oficializar sus preocupaciones a El Diario.
Si de por sí es preocupante todas estas sospechas de desmanejos en el sector pesquero casi todas aún en estadio investigativo, mucho más lo es que ni siquiera se guarden algunas `formas´ por parte del círculo íntimo que rodeó el desmadre del sector en la ciudad de Puerto Madryn. De hecho, Helwig no sólo es funcionaria de Dufour, y comparte el directorio con tres personas vinculadas a la ex Poseidón, en cuyas cámaras se alojaron 110 kilos de cocaína, sino que es la mujer de Diego González Lernoud, el propietario del domicilio legal donde se registraron las dos nuevas empresas. El mismo domicilio del estudio jurídico donde se vendió varias veces Alpesca, donde se negoció el cierre de la planta, y el mismo a donde Carlos Eliceche concurrió minutos después del lanzamiento de su candidatura a reintendente, a festejar oficialmente, estacionando en doble fila con los autos oficiales donde se desplazaba el propio Gobernador, en clara demostración de urgente afinidad con el domicilio emblemático.

La versión en inglés

Según arroja el Boletín Oficial, el 10 de octubre de 2014 se constituyó la empresa Four Fish SRL dedicada a la captura, explotación y procesamiento de recursos del mar con sede social en 28 de Julio 46 de Puerto Madryn, figurando como accionistas Christian Córdoba Canosa, de 42 años, soltero, comerciante y actual dueño de Ian Fish (ex Poseidón), planta recuperada productivamente luego de ser comprada a Omar “Cura” Segundo.
Según refiere el edicto de la Inspección General de Justicia Four Fish SRL fija como objeto social la industrialización de recursos del mar; fabricación de elementos para la actividad; comercialización; explotación de frigoríficos; venta de buques y cámaras; exportación e importación.
El paquete accionario lo completan: Erica Noemí Helwig, de 33 años, divorciada, licenciada en comercio internacional. Ángelo Eduardo Casas Armanetti, uruguayo, de 36 años, soltero, supervisor de planta, domiciliado Charcas Nº 135 de Puerto Madryn. Es quien viene ejerciendo el control operativo de la planta de procesamiento de Poseidón (hoy Ian Fish) desde cuando Omar “Cura” Segundo figuraba como dueño de esa sociedad.
Cabe recordar que el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, presentó al juez Hugo Sastre, en el marco de la causa por narcotráfico por los 110 kilos de cocaína en Poseidón, la ampliación de las declaraciones indagatorias, incluyendo a dos empleados jerárquicos de la empresa. Uno de ellos era precisamente Ángelo Eduardo Casas Armanetti, quien el 10 de junio de 2013 ejercía la tarea de Jefe de Planta.
Y el cuarto socio de “Cuatro Pescados” o “Four Fish” es Daniel Alberto Errozarena, argentino de 33 años, soltero, empleado administrativo, domiciliado Estancia S/N Lote 87 Puerto Pirámides. Un ex empleado de Vialidad Provincial que en 2011 se incorpora a Poseidón con la llegada de Omar Segundo a la conducción de la empresa.
Errozarena participó de múltiples misiones comerciales al exterior en representación de Poseidón, incluso habría sido parte del viaje que Omar Segundo, Alejandro Pennisi y Nicolás Seoane compartieron en 2012 a España a la feria de Vigo.
También forma parte de la empresa Buenos Aires Foreign Trade SRL, en la que se lo menciona como Técnico en Comercio Internacional.

La versión en castellano

Por otro lado, en octubre de 2014 se constituyó la sociedad “Equipo Cuatro SRL” también con sede social también en 28 de Julio 46 de Madryn, con la coincidente composición societaria de Four Fihs. El paquete accionario lo integran los mismos: Christian Córdoba Canosa, Erica Noemi Helwig, Ángelo Eduardo Casas Armanetti y Daniel Alberto Errozarena.
Esta sociedad según dijeron ante la IGJ tiene por objeto realizar servicios de transporte de carga terrestre y/o marítimo de todo tipo de mercaderías, en corta, media y larga distancia, con vehículos propios o de terceros, en el territorio nacional o en el extranjero. También alegaron que se encargará de la distribución, almacenamiento y embalaje de mercaderías. En tanto, prevén ofrecer servicio de estibaje, manipulación y logística de cargas y/o descargas de mercaderías en general, en plantas industriales, puertos, muelles y/o a bordo de buques, sin limitación alguna.

Violame que me gusta

Hay quienes observan que tal como se da el caso de Helwin, socia y gerenta de estas dos empresas habilitadas para hacer negocios con recursos naturales administrados por el Estado, con objetos sociales ocupados de la pesca con embarcaciones propias cuyos permisos también dependen del otorgamiento público, además de otras actividades productivas, de acopio y de transporte de una industria cuya fiscalización también está a cargo del Estado, y siendo la socia gerenta a su vez funcionaria pública y de un organismo directamente relacionado a la actividad, se estaría quebrantando la Ley de Ética Pública que establece las normas y pautas que rigen para los funcionarios públicos.
En el Artículo 17, Punto 2, se prohíbe acciones como éstas, especificando que “es incompatible con el ejercicio de la función pública, ser miembros de directorios o comisiones directivas, gerente, apoderado, representante técnico o legal, patrocinante de empresas privadas que sean beneficiarias de concesiones o cualquier otra forma de adjudicación prevista en la legislación y reglamentos de la administración, otorgadas por el Estado Provincial, el Estado Nacional o algún Municipio y que tenga por su carácter y función, vinculación con los poderes públicos”. El punto 3 detalla además “Realizar por sí o por cuenta de terceros gestiones tendientes a obtener el otorgamiento de una concesión de la administración pública provincial, nacional o municipal y beneficiarse directa o indirectamente con ella”.
Asimismo se cuestiona “Mantener relaciones contractuales que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en el que se encuentre prestando funciones”.
El Artículo 18 además es taxativo respecto al deber de excusación que debe prevalecer si “los funcionarios alcanzados por la ley, (…) por su actuación se puedan originar presunciones de interpretación y decisión parcial o concurrencia de violencia moral”.