Crisis en las bibliotecas populares: falta de fondos y demoras en subsidios
El presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana y Biblioteca Popular San Martín de Puerto Madryn, Carlos Pascuariello, advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las bibliotecas populares debido a la demora en la acreditación de subsidios y la falta de reglamentación de una ley provincial clave para su financiamiento.
Las bibliotecas populares dependen en gran medida de los fondos provenientes del impuesto al juego, estipulados tanto en la Constitución Nacional como en la Provincial, que establece que el 80% de estos recursos debe destinarse a cultura y política social. Sin embargo, Pascuariello alertó que las demoras en la acreditación del subsidio alcanzan aproximadamente un año, lo que obliga a las instituciones a reestructurar sus ingresos y buscar fuentes alternativas de financiamiento.
Las cuotas societarias, que podrían representar una fuente de ingresos, no pueden elevarse de manera significativa, ya que las bibliotecas deben garantizar el acceso a los libros sin restricciones económicas. “No se le puede negar el préstamo de un libro a alguien por no pagar la cuota societaria”, afirmó Pascuariello, subrayando la compleja situación económica de estas instituciones.
La reglamentación pendiente de la ley provincial
Desde 2007, Chubut cuenta con una ley provincial que establece un fondo específico para las bibliotecas populares, similar a la legislación nacional. No obstante, según Pascuariello, la normativa nunca fue reglamentada adecuadamente. Desde 2015, las transferencias de fondos se vieron afectadas por balances negativos en Lotería de Chubut, lo que dejó a las bibliotecas sin un financiamiento estable.
Actualmente, se trabaja en conjunto con la Federación de Bibliotecas Populares y la Comisión de la Legislatura de Chubut para avanzar en una nueva reglamentación que garantice el cumplimiento de la ley y establezca un presupuesto estatal que cubra los déficits cuando Lotería no genere ganancias suficientes.
Otro de los aspectos críticos es la reducción del programa “Libro Por Ciento”, que financia la compra de ejemplares en la Feria del Libro. “Se volvió a la época de Macri, donde se restringían los gastos para la adquisición de libros”, denunció Pascuariello. Ahora, en lugar de permitir la participación de dos representantes por biblioteca, solo se financia a uno, y el monto del subsidio es menor en relación con la inflación y el costo actual de los libros.
En el ámbito local, Pascuariello destacó que distintas administraciones municipales han asumido la contratación del personal de las bibliotecas como parte de una política de Estado que se mantiene desde 2003. “No tenemos capacidad para contratar personal, pero afortunadamente el municipio ha colaborado con la contraprestación de trabajadores”, explicó.
“Las bibliotecas no pueden cobrar cuotas elevadas ni vivir solo de servicios. Cada vez que se rompe algo, como una puerta o un baño, implica un gasto que muchas veces no se puede cubrir”, alertó.
Finalmente, subrayó la importancia de mantener en alerta a la comunidad y a las autoridades para garantizar el cumplimiento de las leyes que protegen a las bibliotecas populares y asegurar su función social y cultural.
