EL EJECUTIVO MUNICIPAL NOTIFICÓ ESTE VIERNES A ENARGAS Y CAMUZZI

La Justicia Federal admitió el recurso de Río Gallegos contra los aumentos del gas

El pasado 22 de abril y por instrucción del intendente, el Municipio de Río Gallegos presentó un recurso de amparo para frenar el tarifazo de gas. Entendiendo, según lo declarado por el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, que «si uno gestiona sin pensar en las cuestiones desde una perspectiva humana, se toman medidas que son tremendas para la sociedad en un contexto económico de recesión».

En ese momento, el funcionario afirmaba que «tenemos un Gobierno Nacional que ha dispuesto una suba para la tarifa de gas que, en Santa Cruz, va entre el 360 % y 1000 %: una cuestión grave que se aparta del mandato constitucional y legal. Además, cuando hablamos del 1000 %, hablamos solamente de esta etapa, porque la misma resolución de ENARGAS autoriza un esquema de aumentos automáticos y progresivos».

Ante la presentación de la medida judicial, finalmente y en las últimas horas, la Justicia declaró admisible el recurso de amparo para frenar el aumento del gas. En esta ocasión, Chute habló con TiempoSur sobre el avance de la presentación, explicando: «Esto no quiere decir que ganamos sino que, tanto el fiscal como el juez, entendieron que tenemos la legitimación para actuar y que debe proceder la acción». Y profundizó: «No quiere decir que tengamos razón en el fondo del asunto sino que es el primer paso en el análisis de admisibilidad y que el proceso está bien. Que es urgente y que tenemos facultades para representar a los usuarios de Río Gallegos y, por eso, tiene carácter de proceso colectivo».

Ya durante la mañana de este día viernes, el Ejecutivo Municipal notificó tanto a ENARGAS como a la empresa Camuzzi Gas del Sur, las cuales tendrán 15 días para responder, desde haberse notificado. «El beneficio, en caso de salir favorable, será para todos los vecinos de la comunidad», comentó Chute, al manifestar que «las expectativas son buenas. Nosotros creemos que tenemos un buen punto, el cual es que se ha roto la razonabilidad de los aumentos y el equilibrio entre ganancias y los ingresos de quien usa los servicios. Entendiendo que poner tarifas que serán excluyentes y arbitrarias, perjudican a los usuarios y va contra lo que establece la Ley del Consumidor. Pero, además, la actualización automática sin audiencia pública previa, que para nosotros es un punto importante. La audiencia pública es un requisito constitucional», cerró.

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