La jueza Loretta Preska falló a favor de la Argentina por el caso Cupón de PBI del año 2019 y así la Argentina se evita de pagar 1.300 millones de euros. La noticia fue confirmada por Sebastian Maril, el CEO de Latam Advisor a través de la red social X.

El Estado Argentino había sido condenado en estrados ingleses por cambios en las estadísticas del INDEC durante la presidencia de Cristina Kirchner. El cambio generó un perjuicio en los tenedores de los bonos ya que generaron una menor rentabilidad para los cupones atados al PBI, emitidos junto a los bonos en la reestructuración 2005 de la deuda y atados al crecimiento de la economía local.

La República Argentina apeló la decisión, pero para hacerlo tiene que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos la creación del fideicomiso para depositar allí los 337 millones de dólares como garantía, un movimiento que fue realizado por el Gobierno de Javier Milei la semana pasada.

Los fondos, que poseían alrededor del 48% de los títulos vinculados al PBI de Argentina en 2013, sostenían que les correspondían una serie de pagos que no se realizaron debido a que, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno -al frente del INDEC- modificó los datos del PBI nacional para evitar los desembolsos.

Hace poco menos de un año, estos ganaron el juicio y se dictaminó que Argentina debía pagar 1330 millones de euros (u$s 1440 millones) más intereses en relación con todos los títulos vinculados al PBI.

Sin embargo, según publicó la agencia Reuters, Argentina tuvo el permiso para impugnar esa sentencia: así lo informaron los abogados que representación a la Nación en documentos judiciales presentados en una audiencia preliminar en el Tribunal de Apelación de Londres.

Como condición, se le solicitó a la Argentina el pago de unos 310 millones de euros que se mantendrían en custodia hasta que se resuelva su apelación. El país pidió al Tribunal de Apelación que reconsidere esa condición, argumentando que causaría «perjuicio al pueblo de Argentina», según su abogada Tamara Oppenheimer. Finalmente la solicitud de la Argentina fue aceptada a su favor.

Según explicó Sebastian Maril, Preska «no hizo referencia alguna a la decisión de Argentina de cambiar la fórmula de crecimiento». «La magistrada se limitó a decir que los demandantes entraron por la puerta equivocada y no tenían derecho de presentar la demanda por no cumplir con ciertos requisitos estipulados por el «no action clause», informó.

La magistrada negó el reclamo de los demandantes, que sí consiguieron un fallo favorable en los tribunales británicos.