El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, anunció este lunes que el llamado a elecciones para cubrir la representación de los trabajadores activos y pasivos en el directorio del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) tendrá lugar el 18 de septiembre. Además, detalló una serie de irregularidades que se desprendieron de la auditoría externa que se lleva a cabo en el organismo y que iniciarán acciones.

“Para que el Instituto se normalice definitivamente, el directorio tiene que estar conformado por autoridades legítimamente elegidas y no con mandatos vencidos, como teníamos hasta hace poco”, aseveró Torres.

Asimismo, el titular del ejecutivo chubutense indicó en su exposición que “es importantísimo, más allá de finalizar la intervención y la auditoría, que los responsables de haber estafado durante tanto tiempo a los jubilados den cuenta ante la Justicia por sus acciones, y que devuelvan todo ese dinero que en realidad es de los afiliados, no del gobierno de turno”.

Por otra parte, Torres afirmó que presentará un proyecto de ley en la Legislatura para “reconocer y comenzar a saldar la deuda histórica que la provincia tiene con los jubilados”, señalando que “esa deuda asciende a más de 300 mil millones de pesos, y todos los gobiernos anteriores se hicieron los distraídos con la situación, pero nosotros desde que asumimos dijimos que nos íbamos a hacer cargo de este tema”.

Sobre el avance de la auditoría, el actual interventor de ISSyS, Rodrigo San Martin, explicó: “La auditoría la estamos realizando con una institución externa, para darle a la situación la transparencia que demanda, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se han ido encontrando”.

“Nos encontramos con sobreprecios con proveedores del Estado de hasta el triple de lo que deberían costar. Los responsables de haber estafado durante tanto tiempo a los jubilados tienen que pagar con consecuencia legales y devolver ese dinero”, informaron en conferencia de prensa.

El Gobierno provincial inició sumarios internos y hay dos personas suspendidas, además de la cancelación de proveedores.