Tras la promulgación de los Decretos 170, 171 y 172 de 2024, a través de los cuales el presidente Javier Milei reglamentó la desregulación del sistema de salud, varias voces de la política y la sanidad expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas tendrán en el grueso de la población.

Entrevistado por El Diario Web, ahora se suma Fabián Puratich, médico y referente del peronismo chubutense, que tuvo a su cargo la Subsecretaría de Integración de Sistemas y Atención Primaria de la Salud de la Nación hasta diciembre pasado y el Ministerio de Salud provincial durante las gestiones de Mario Das Neves y Mariano Arcioni.

―¿Cuál es su visión sobre esta política pública? ¿Cómo puede afectar a la gente?

―La desregulación, de la forma en que está hecha, es realmente muy perjudicial. Se pierde el sistema solidario que tienen las obras sociales, donde los que menos aportan son compensados por los que más aportan. Los que más se enferman son compensados con los que menos se enferman. Eso se pierde con este sistema, que además perjudica a los usuarios porque no se les dice todo lo que ocurre: no es que uno elige una prepaga y el aporte que se deriva alcanza. Hay que pagar una diferencia. Es mucho mayor la cuota que se paga en una prepaga que la que se paga en una obra social. Eso realmente no fue difundido, no se conoce y es algo que debería saberse, porque va a impactar muy fuerte en el bolsillo de quien decida pasar de una obra social sindical o de cualquier tipo a una prepaga.

―¿Hay alguna posibilidad de que esta medida mejore el acceso a la salud por parte de la población?

―No. Claramente, no. Es más, va a ser perjudicial. Hay que tener en cuenta que las prepagas en los tres primeros meses del año van a tener un aumento del 100%. Entonces, si vos te pasás a una prepaga y después no te podés ir a otra más económica durante un año, toda esa gente que cae va a impactar en el sistema público de salud. Lo que tenemos a tener en cuenta es que el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación actual es el mismo que el de 2023, con una inflación del 211%. O sea que el presupuesto no alcanza ni para llegar a mitad de año. Y si se recarga el sistema público, claramente va a traer un perjuicio al acceso a la salud de toda la población, no solamente a los que tengan cobertura social.

―¿Cree que entre las empresas de medicina prepaga habrá verdadera competencia, como plantea Milei, o se les allana el camino para hacer valer su posición oligopólica acordando precios entre ellas?

―Está claro que no va a haber competencia, porque todos los titulares de las empresas se reúnen y acuerdan los aumentos. Lo que se ha logrado es que se junten todos y se pongan de acuerdo para aumentar todos al mismo al mismo nivel. Por lo cual, no va a traer ninguna competencia, sino que en vez de un oligopolio se va a transformar en un monopolio que va a ir perjudicando a todas las personas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que antes de este decreto, si cualquier obra social o prepaga se fundía, la Superintendencia de Servicios de Salud tenía la obligación distribuir a todos los afiliados en otras obra sociales y prepagas. Ahora tampoco eso es una obligación de la Superintendencia. O sea que si tu obra social o tu prepaga desaparece, quedás a la deriva.

―¿Qué opina sobre la eliminación del requisito de permanencia durante un año en la obra social de la actividad laboral?

―El requisito hoy es lo que está vigente. Lo único que cambia es que uno cuando ingresaba a un trabajo, entraba a la obra social de su sindicato y tenía que esperar un año. Ahora elige cualquier obra social y también tiene que esperar un año. En eso no ha cambiado nada. Creo que si quieren desregular realmente, tendría que ser que en cualquier momento uno pueda cambiar la derivación de los aportes. Porque con esta situación económica, van a seguir aumentando las cuotas y va a haber graves problemas para el pago. Por otro lado, el hecho de que los afiliados del PAMI puedan pasar a los prepagas también va a traer un desfinanciamiento del PAMI. Con lo cual también va a haber un perjuicio general para las personas que utilizan esta obra social.

―El Gobierno dispuso la creación de un fondo solidario al que las prepagas deberán aportar el 20% de los aportes de cada afiliado. ¿Puede servir para compensar las inequidades del sistema de salud?

―Eso también va a implicar un aumento mayor de la cuota, porque nunca ha sido la actitud de las prepagas absorber ese tipo de gastos. Para ellas es un gasto. A partir de que esto entre en vigencia, va a haber un 20% más de aumento de las cuotas de las prepagas, lo cual genera un problema mucho mayor.

―El decreto también elimina el Sistema de Integración y Calidad para Establecimientos Públicos de Salud (SICEPS). ¿Qué es y cuáles son las implicancias de su desaparición?

―El SICEPS se desarrolló desde el Ministerio de Salud en forma conjunta con la Superintendencia. Es lo que permitía a los hospitales públicos el recupero de las prestaciones que se hacían a quienes tienen obras sociales y prepagas. Darlo de baja significa que los hospitales públicos quedan a la deriva nuevamente y no pueden recuperar las prestaciones de las obras sociales. El SICEPS fue muy importante, porque desde que se implementó, en 2022, en seis meses se recaudaron alrededor de 700 millones de pesos entre todos los hospitales públicos de Argentina. Durante el 2023 se llegó a una cifra aproximada a los 10.000 millones de pesos. Bueno, eso también lo van a perder los hospitales públicos, lo cual va a agravar su funcionamiento.

―¿Cree que el arco político debe oponerse a estas disposiciones en el Congreso?

―Es muy difícil saber qué está en la cabeza de los políticos. Si uno tiene que pensar en los oficialistas, que son los de La Libertad Avanza y el PRO, lo van a apoyar, porque no tienen un pensamiento distinto al del Presidente. Creo que el resto de las fuerzas políticas sí va a entender que esto es un perjuicio para la salud en general, para la salud pública en particular y para las obras sociales, y van a por lo menos pedir o tratar de impedir que este decreto esté en vigencia. Pero esto estaba en el DNU 70/2023 y ya se publicó la reglamentación. Lo que tendría que pasar es que la Corte Suprema lo declare inconstitucional para que se caiga. Si no, ya está vigente y reglamentado.