En medio de acusaciones cruzadas y un rechazo del partido guatemalteco Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la candidata Sandra Torres, al resultado que la declaró perdedora de las elecciones generales, la cuestionada Fiscalía de Guatemala negó ser parte de un plan de «golpe de Estado» denunciado por el presidente electo, Bernardo Arévalo, para impedir que asuma el poder en enero de 2024.

«Es totalmente falso que desde el Ministerio Público se esté formando parte de un proceso de golpe de Estado como irresponsablemente lo ha señalado el Presidente Electo», afirmó la institución en un comunicado.

Agregó que sus acciones «se encuentran en el marco del respeto al principio de legalidad», al justificar la orden de inhabilitación al partido Semilla de Arévalo luego del balotaje del 20 de agosto por supuestas irregularidades en su inscripción en 2017.

Arévalo afirmó que en su país «existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado (del balotaje). Estamos viendo un golpe de Estado en curso», , añadió.

Afirmó que estas acciones son impulsadas por la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, «así como la junta directiva del Congreso y otros actores corruptos».

En Washington, el jefe de la Misión Electoral de la OEA en Guatemala, Eladio Loizaga, también advirtió el viernes sobre un posible «rompimiento del orden constitucional en Guatemala» por las acciones de la justicia contra el partido de Arévalo.

La cruzada contra Semilla fue lanzada por Curruchiche luego de que Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral el 25 de junio.

Con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción derrotó luego en el balotaje a la exprimera dama Sandra Torres, vista como la candidata del continuismo.

Contundene triunfo de Arévalo

El amplio triunfo de Arévalo (58%) es atribuido a que generó esperanzas de cambio en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción, que inducen cada año a miles de guatemaltecos a emigrar. Pero su ascenso al poder ha alarmado a la élite política y empresarial, acusada de ser corrupta.

Porras, Curruchiche y el juez Orellana, quien dictó la orden de inhabilitar a Semilla que pidió la Fiscalía, figuran en una lista de Estados Unidos de actores «corruptos».

Al ser inhabilitado, Semilla no puede realizar ninguna actividad, como recaudar dinero o sumar afiliados. Además, sus 23 nuevos diputados tendrán facultades reducidas.

Sociólogo y diputado de 64 años, Arévalo debe sustituir al presidente Alejandro Giammattei, lo que cerrará un ciclo de 12 años de gobiernos de derecha.

Es hijo del presidente Juan José Arévalo (1945-1951), uno de los líderes de la «primavera» democrática de Guatemala, que terminó cuando fue derrocado su sucesor Jacobo Árbenz en 1954 por una rebelión militar orquestada por Estados Unidos.

En tanto, UNE presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la certificación de resultados electorales que dieron como ganador a Arévalo.

El UNE denunció la violación al debido proceso, violación del derecho de certeza y seguridad jurídica, y el derecho a igualdad en materia electoral.

En el amparo se hace alusión a la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del 28 de agosto que suspende provisionalmente la personería jurídica del Movimiento Semilla (MS), a raíz de una denuncia previa al balotaje por irregularidades en la inscripción del partido.