Jones Huala perdió el apoyo de otros dirigentes mapuches

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, perdió el respaldo de otros dirigentes mapuches de la Patagonia, que solían encabezar campañas para exigir su liberación y evitar su extradición a Chile: desde su última captura optaron por mantenerse al margen del caso y evitaron expresarse acerca de la situación judicial del “lonko”.

Las agrupaciones de Río Negro, Chubut y Neuquén ignoraron la captura del convicto y siguieron con su agenda de actividades, reuniones y mesas de diálogo, sin siquiera nombrarlo. Sin duda, esa actitud molestó a Jones Huala, quien abrió un nuevo frente de conflicto, esta vez hacia las entrañas del pueblo mapuche.

Desde el día que fue detenido en una vivienda de El Bolsón, a fines de enero, las comunidades originarias de la zona participaron de dos mesas de diálogo con el gobierno nacional, de encuentros y ceremonias, aunque en ninguna estuvo en agenda la detención de Jones Huala.

Mientras estuvo alojado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, Isabel solía comunicarse telefónicamente ya que -imposibilitada de viajar por las restricciones de la pandemia- ese era su único contacto. Pero dejó de serlo cuando el recluso le pidió que no vuelva a llamarlo.

La principal voz mapuche en la provincia de Río Negro, Orlando Carriqueo, quien se desempeña como Coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia, aseguró en 2021 que “Jones Huala no representa al pueblo mapuche, de ninguna manera”.

El dirigente es uno de los principales defensores de los pueblos originarios de la provincia patagónica y suele representar a las comunidades ante el Gobierno Nacional. De hecho, en el marco de las mesas de diálogo que convocó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para intentar descomprimir el conflicto de Villa Mascardi, Carriqueo fue uno de los principales expositores.

“Como organización Tehuelche Mapuche con más de 30 años de construcción, repudiamos los ataques incendiarios, pero reclamamos al Gobierno de Rio de Negro que encuentre a los responsables y a partir de ahí acuse”, dijo en clara alusión a los episodios que se adjudicó Jones Huala.

“Los conflictos territoriales de hoy no son uno o dos, son alrededor de 40 o 50 en una provincia que están judicializados”, dijo. En la misma línea, insistió en que “Jones Huala tiene una condición política, pero de ninguna manera representa la política que nosotros hemos trabajado y venimos reclamando”.

Además, le restó legitimidad a la existencia de la agrupación que lidera Jones Huala, de la que se desconocen más integrantes, al asegurar que no conoce “a nadie que pertenezca a la RAM”.

Existen otras voces críticas del revolucionario mapuche, aunque eligen reservar su identidad por temor a represalias. “Los mapuches debemos decidir sobre la jerarquía de lonko de Jones Huala. El jefe de una comunidad debe ser alguien respetado, que mantenga coherencia entre lo que dice y lo que hace”, reprochó un integrante de una comunidad mapuche ubicada en la cabecera norte de Chubut.

Dijo además que “existe un gran rechazo al comportamiento de Facundo (Jones Huala). En cada aparición pública, cuando dejó la cárcel con libertad condicional como cuando lo recapturaron, invitó a cometer sabotajes y recuperar tierras a través de métodos violentos, pero la mayoría de nosotros apelamos a otras formas para reclamar lo que es nuestro, como ser el diálogo”.

En la única comunicación que envió Jones Huala desde su última detención, que viralizó a través de un mensaje de audio, el convicto no ocultó su malestar hacia el movimiento interno e incluso desafió a sus retractores a iniciar un proceso de diálogo interno para resolver esas diferencias.

En 2017, antes de ser extraditado a Chile y mientras permanecía detenido en Argentina, hubo numerosas manifestaciones y reclamos para exigir su liberación, bajo el discurso de que “es un preso político”. Sin embargo, nada de ello ocurrió tras su última aprehensión.

En soledad, y con escasas visitas, permanece alojado nuevamente en la cárcel federal de Esquel, a la espera de que la Cámara de Casación decida sobre el pedido de apartamiento del juez Gustavo Villanueva.

Luego de ello se realizará un nuevo juicio para resolver, finalmente, su extradición al vecino país, para continuar purgando la condena por el atentado incendiario a un fundo y la portación ilegal de armas de fuego.

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