La franquicia de comida rápida Mostaza enfrenta un importante problema judicial luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal devolviera al Juzgado la causa en la que investigan a los dueños de la firma por irregulares montos de rentabilidad.

Los hermanos Christian y Liliana Galdeano, dueños de Mostaza y Pan, habían sido sobreseídos por las denuncias realizadas ante supuestas irregularidades en montos de rentabilidad, así como en procesos de inversión que debieron hacer los locatarios entre 2 y 2,5 veces mayores de lo que se había presupuestado. Pero los denunciantes apelaron la medida y la Justicia ordenó que se siga investigando.

Los denunciantes explicaron que el alquiler de locales, propiedad de los hermanos Galdeano, es difícil de afrontar, tomando en cuenta que el tiempo que prometen los dueños de Mostaza para recuperar la inversión es de entre 28 y 36 meses. La realidad marcó que no se pudo recuperar ni en 7 años, con dos de pandemia.

Añadieron que además, están obligados a compras de insumos a Mostaza y Pan, registrándose valores superiores al 40 por ciento del mercado.

«Te hacen invertir, te hacen comprar máquinas, revestimientos y amoblamientos solo ellos. Cuando empezás a funcionar, comprás la mercadería en donde te dicen (muy caro comparado con el mercado); le abonás la logística, el alquiler y habría que ver si aparece todo en blanco. Los balances te aparecen con una ganancia irreal», comentó un damnificado a Noticias Argentinas.

Debido a esto, la Cámara de Apelaciones consideró prematuro sobreseer a los hermanos y ordenó que se siga investigando la causa.

Uno de los afectados comentó que cuando se les informó a los dueños de Mostaza, que no pudieron recuperar la inversión en 7 años, «te responden que te tranquilices y que no supimos manejar el negocio».

«Si iniciás algún tipo de reclamo, pasás a ser enemigo; te quitan las plataformas de delivery y llegado el momento, no te renuevan el contrato de alquiler, quedándose ellos con la inversión tuya y al siguiente día, comienzan a facturar ellos», añadió.

Ahora, la Justicia deberá indicar qué otras medidas realizará contra los dueños de la franquicia, quienes ordenaron el desalojo de los damnificados.