El diputado nacional Eduardo Cáceres fue finalmente sobreseído por la Justicia, tras haber sido acusado por parte de su compañera de fórmula por presunta violencia de género. Finalmente, se determinó que la denuncia no tenía sustento. El caso generó un precedente en la política de falsa denuncia de género, porque si él renunciaba tras el escándalo que se desató a nivel nacional, ella debía asumir su lugar en la banca. «Hoy es muy fácil arruinarle la vida a un hombre con una falsa denuncia de género, hasta mandaron mensajes falsos a la prensa, que no existieron en la causa», dijo el ex legislador, autor de la Ley Alejo, que busca la igualdad ante la ley y tipifica como delitos abusos de mujeres contra hombres, como el impedimento de contacto con los hijos en materia de divorcios.

A más de un año y medio de la denuncia, se demostró, finalmente, que las lesiones no guardaban relación con la denuncia, y la localización de teléfonos y filmaciones de cámaras de seguridad contrastaron con el testimonio, que además presentó múltiples contradicciones.
Cabe destacar que al momento del procesamiento -en sólo 4 días, Cáceres era diputado de la Nación y le había negado la Justicia, en primera instancia, la producción de las pruebas que, finalmente, resultaron determinantes. «Surgen contradicciones e inconsistencias, en relación al relato de la denunciante, a la testigo María Paz de la Torre (hija de la denunciante) al informe legista, y a las pruebas presentadas por la defensa», concluyeron las fiscales Claudia Yanina Galante y Dra. Silvina Gerarduzzi, por lo cual solicitaron el sobreseimiento total y definitivo de Cáceres.

Además, quedó en evidencia que se inició una campaña de difamación con intencionalidad política, ya que los supuestos chats que se viralizaron no fueron presentados como prueba por la denunciante y no se encontraron en el teléfono peritado de la misma.

Incluso, tras la denuncia, un grupo de diputadas del Frente de Todos reclamaron su suspensión en el Congreso de la Nación, para defender “el rol que la ciudadanía nos ha asignado y la necesidad de proteger y cumplir con la legislación para erradicar todo tipo de violencia de género”.
Ellas fueron la sanjuanina Graciela Caselles, las bonaerenses Jimena López, Mónica Macha, Liliana Schwindt, Liliana Yambrun, la porteña Mara Brawer, las salteñas Verónica Caliva y Alcira Figueroa, la jujeña Carolina Moisés, la fueguina Carolina Yutrovic, la santafesina Patricia Mounier, la chubutense Estela Beatriz Hernández, la pampeana Melina Delú, la formoseña María Graciela Parola, y la puntana Victoria Rosso.

Las claves aportadas por la defensa

Pericias médicas y tecnológicas: los colores de las lesiones demuestran que no coinciden con al fecha del hecho. Los dos informes médicos coincidieron en acreditar que las lesiones no corresponden al día del hecho denunciado por la variación de colores de los moretones (por ejemplo, en las piernas son de color violeta verdozo, que demuestran que esa lesión ya tenía al menos entre 7 y 15 días). Esta prueba fue vital porque determinó que no coincidía el relato con la prueba forense.
Asimismo, el relato de la hija de la denunciante, que dijo haberle visto moretones en el cuello, no fueron constatados por el médico legista.
Además, se presentaron como pruebas, fotografías de publicaciones en redes sociales de la propia denunciante, donde se demuestra que en los brazos presentó lesiones similares a las denunciadas en diferentes años y transformaciones en su rostro con marcas que muestran que se sometía – habitualmente- a tratamientos estéticos.

Geolocalización de teléfonos celulares y falso testimonio de testigo: se identificó que una de las testigos había tenido contacto con la denunciante antes y después de la denuncia (la defensa presume que fue quien la asesoró para armar la causa porque es abogada). Y en su declaración como testigo dijo que no lo hacía desde hacia tiempo.

Filmaciones demostraron una circunstancia vital: las cámaras de seguridad registraron que a una hora del supuesto hecho, la denunciante llegó a su casa sin lesiones y acompañada por el supuesto agresor y regresó nuevamente al domicilio de él. Este momento la denunciante lo omitió en su testimonio.

Múltiples contradicciones: en la primera declaración sostuvo que fue a la casa de Cáceres el día lunes 23 de noviembre y que los hechos sucedieron a las 12 del mediodía, pero a las 2 semanas cambió la declaración, argumentando haber llegado un día antes y que los hechos de violencia habrían sucedido un día después a las 2.30 de la madrugada. Lo que resultó altamente llamativo confundir con tanta magnitud el momento de un supuesto hecho, entre el día y la noche. Y aún sosteniendo estas modificaciones, no coincidirían los tiempos con las pericias realizadas.