EL TOF 2 REMOTOMÓ ESTE LUNES EL JUICIO

Causa Vialidad: con repudio al atentado a Cristina, comenzaron alegatos de las defensas

“Que el odio no gane nuestra sociedad y que cualquier manifestación violenta sea una excepción”. Con esta frase el abogado Mariano Fragueiro Frías, representante de uno de los expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Jesús Garro, dio inicio a la etapa de alegatos de las defensas de los trece acusados.

El juicio, que tiene sentada en el banquillo de los acusados a la vicepresidente de la Nación, había entrado en un cuarto intermedio de diez días, tras las nueve jornadas en las que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron para ella doce años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Cuatro días después del intento de magnicidio, el TOF2 retomó este lunes la discusión final y escuchó los argumentos de los abogados de Garro, que se extendieron por algo más de dos horas.

Fueron tres los ejes centrales de los argumentos de Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza.

En primer lugar, que la imputación a Garro violó principios básicos de la Constitución Nacional y se incurrió en “cosa juzgada”.

Hablaron en concreto del artículo quinto de la Carta Magna, que ubica al Gobierno Federal como “garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”. En esta línea argumental, Fragueiro Frías dijo: “El Ministerio Público Fiscal -y lo digo con dolor- ha violado la Constitución Nacional”. Y agregó: “investigar y luchar contra la corrupción “no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las constituciones provinciales y las normas nacionales”.

Es porque Garro fue acusado por una licitación para la cual se usaron fondos provinciales pero la imputación dice que malversó dinero del Tesoro Nacional. Como parte de la argumentación, citó la Constitución de Santa Cruz, que en su artículo 123 dice que un tribunal de cuentas local tiene la potestad para controlar los manejos de fondos públicos y que un fiscal de Estado tendrá a su cargo el control de los actos administrativos y la defensa del patrimonio provincial. Y explicó que estos mismos hechos ya fueron investigados por la Justicia local y que los controles se llevaron a cabo por los organismos provinciales.

“La obra que se le imputa a mi defendido está presupuestada por la Provincia”, dijo. Se trata de la Ruta Nacional 3, Gran Bajo San Julián- Aeropuerto de Río Gallegos. “Está claro que las obras imputadas, todas, se costearon con el presupuesto de la provincia. Es falso que haya sido con fondos del Tesoro Nacional”, afirmó el abogado. y enfatizó que “los fondos para pagar las obras que se le imputan a Garro no venían de Vialidad Nacional”.

Incluso, señaló que el testigo propuesto por la propia fiscalía, el Ingeniero Alejandro Mon, admitió que no verificaron de dónde venían los fondos para cada obra cuestionada y hasta que el propio denunciante Javier Iguacel admitió que nunca había escuchado nombrar a Garro, es decir, que no lo conocía.

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