En las instalaciones de la Oficina Judicial de Rawson se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena, en el marco de la causa que condenó al dirigente de ATECh, Santiago Goodman, por los incendios ocurridos en la Legislatura de Chubut en septiembre de 2019.
La jornada fue presidida por la jueza penal María Tolomei, y tras acordar la conclusión de la fase probatoria, el Ministerio Público Fiscal realizó su alegato. Finalmente, la magistrada resolvió que se comunicará la pena el próximo 18 de agosto.

«De acuerdo al veredicto de culpabilidad, voy a peticionar la pena de 5 años de prisión de efectivo cumplimiento para Santiago Goodman», señaló la fiscal Florencia Gómez, quien dio cuenta de «el peligro generado y la naturaleza de la acción».
«Es importante señalar la participación de Goodman en los hechos, todo lo cual quedó acreditado en el debate», apuntó durante la audiencia que también fue transmitida en vivo a través de las redes sociales de la repartición judicial. «Su sola acción como líder genera que los demás lo sigan», fundamentó, sumando a ello que «tomó la decisión de usar el vehículo de la entidad sindical para llevar elementos de lata combustión a una zona de conflicto, sabiendo los eventuales resultados que ello debería acarrear; y estamos hablando de una persona que es líder y dirigente gremial, que ha acompañado marchas con quema de neumáticos y con conocimiento de cómo generar un incendio».

Desde la defensa de Goodman relativizaron su participación en el hecho y lo consideraron una reacción a la «represión policial».
«Se pudo observar, por la declaración de testigos, que la situación terminó superando a los presentes, el contexto desarrollado y traído por la jueza en la audiencia, y que la zona fue efectivamente ‘liberada’, y que esta situación debe oficiar como atenuante», añadió el defensor Germán Kexel.
«En cuanto al cumplimiento de la sentencia entendemos que tiene un objetivo contrario al de la inserción social, es por eso que esta defensa solicitará corregir el mínimo de 3 años y que sea el mínimo por el delito de ‘daño simple’, que es de 15 días», señaló, aclarando que en caso de que la pena mínima sea de tres años, la misma sea «de cumplimiento condicional».

Por su parte, Goodman hizo uso de su derecho a expresarse y manifestó «el orgullo de pertenecer a los trabajadores de la educación, y esta condena busca el disciplinamiento de los mismos no solo en Chubut sino en todo el país» y llamó a «sostener la verdad, como la he sostenido, la cual manifiesta el dolor de todos y todas; y sostener, como lo hemos expresado, que nos han sucedido un montón de cosas y muchas de esas situaciones se han juzgado en los sucesos de aquél día de septiembre; pero el suceso más grave de todos, el que tiene responsables y un montón de coautores que pareciera que se quieren olvidar, es el hecho real concreto de que hoy Jorgelina y María Cristina no están a nuestro alrededor, hoy está lo que fueron y el orgullo de ellas de haber sido docentes, trabajadoras y luchadoras por sus derechos y los de todos sus compañeros».

«Hemos escuchado todo lo que se ha dicho y entiendo lo que usted como jueza ha planteado en la condena, y obviamente en lo particular me someteré a lo que diga la Justicia, entendiendo todas las etapas recursivas que tenemos por delante. Porque acá se ha criminalizado la protesta», denunció el dirigente gremial.

Finalmente, la jueza Tolomei convocó a una nueva audiencia para el 18 de agosto, «a los fines de dar a conocer mi decisión» y remarcó que «la daré a conocer en forma oral y con las posibilidades, desde ya y si las partes están de acuerdo, de que la transmisión se realice en vivo».