La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información realizó un relevamiento en el que analizó a «vigilancia masiva» respecto de 15 países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Uruguay, México, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Colombia y Guatemala.

El documento expresó que «las redes sociales se han convertido en un espacio privilegiado para el intercambio de ideas, funcionando como una suerte de plaza pública en la que se discuten temas que nos competen a todos y todas», planteando que ello «genera nuevos desafíos para el ejercicio pleno del derecho a la libre expresión».

«Tanto la acción de los Estados como de actores privados ha derivado en casos de censura y otras formas de cercenamiento de la libre expresión en ámbitos como las redes sociales. La vigilancia masiva de expresiones ciudadanas en línea por parte de los gobiernos o la regulación privada de contenidos en plataformas centrales para el proceso de deliberación pública son algunas de las discusiones más trascendentes de la actualidad», señaló la entidad.

El más reciente informe indica que «Libertad de expresión en línea. Desafíos, oportunidades y tendencias en América Latina» es un informe en el que se revisan estos temas, junto al estado de las prácticas y los debates en torno a la desinformación, los discursos de odio, la vigilancia masiva y la moderación privada de contenidos efectuada por las grandes plataformas de Internet en América Latina», advirtiendo que entre sus principales hallazgos se destaca que “la censura derivada de la vigilancia masiva no es un problema emergente en la región, sino que ya se encuentra consolidado y extendido”, por lo que «se puede entender que efectivamente el fenómeno de vigilancia masiva es una amenaza potencial para la libertad de expresión».

«La moderación privada de contenidos es un debate emergente con miras a profundizarse en los próximos años”, señala el informe, tomando como uno de los focos principales el rol ejercido por las grandes plataformas cibernéticas, dado que a través de sus algoritmos deciden qué publicaciones o expresiones se ajustan a sus pautas y cuáles no, marcando al mismo tiempo la agenda de conversación pública.

A su vez, se afirma que la desinformación en línea y los discursos de odio «son problemas extendidos y objeto de debate público generalizado en la mayor parte de la región, resultando llamativo y preocupante; la frecuencia con la que se identifican casos en los que el Estado intervino para censurar o limitar expresiones en línea bajo el argumento de que constituían este tipo prácticas».

En el caso de Argentina, el país se suma a otros 5 (Cuba, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Guatemala) en el que se detectaron determinadas formas de censura derivadas de la vigilancia, que «operan de forma indirecta a través del
amedrentamiento ulterior, como puede ser el caso de la criminalización o denuncia civil de expresiones vertidas en redes sociales. Por esta razón, solicitamos a las organizaciones miembro que identificaran, en los últimos tres años, causas penales o civiles contra personas o colectivos como consecuencia de estas prácticas de vigilancia masiva».

«Si bien no está plenamente extendida, resulta preocupante la utilización de herramientas judiciales para la
limitaciones o disuasión de opiniones. En el caso de El Salvador, si bien no se advierten denuncias penales o civiles, sí se han utilizado procedimientos administrativos como la denegatoria de permisos migratorios para el ingreso de periodistas extranjeros o investigaciones fiscales».

Las organizaciones de Argentina (CELS), Brasil (Artigo 19) y El Salvador (FUSADES) «advirtieron que varios gobiernos locales (provinciales y municipales) de sus países adquirieron herramientas de videovigilancia y reconocimiento facial que generaron cuestionamientos de todo tipo respecto a su uso, incluso mediante la judicialización para cuestionar su legalidad», apunta el escrito.

La información fue relevada por distintas organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, la cual concluyó que “la agenda de la libertad de expresión tiene entonces, en los discursos en línea y en la deliberación pública en internet, un nuevo marco de tensiones”, y que «trae aportes concretos para un campo de estudio y activismo necesarios en la región».