El Concejo Deliberante de Lago Puelo sancionó una ordenanza en la que se reserva el 1 % de los cargos disponibles en el Municipio para favorecer la inclusión laboral de las víctimas rescatadas del delito de trata de personas. La iniciativa, promovida por el Comité de Lucha contra la Trata en todo el país, también prevé la capacitación obligatoria y remunerada de quienes no tengan antecedentes laborales y/o educativos. En todos los casos, se garantiza la confidencialidad de los datos de las personas afectadas.

Objetivos

La nueva ordenanza, motorizada por el delegado del Comité para la provincia de Chubut, Oscar Cordero, dispone garantizar a las personas víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual y laboral, la asistencia por parte de Equipos Técnicos y Profesionales idóneos, a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, resguardando la salud integral y evitando la revictimización de las mismas, así como también promover su inclusión laboral de acuerdo con la Ley Nº 26.364 y su modificatoria.
Con dicho objetivo, se establece la reserva del 1% de la totalidad del personal municipal a las personas víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual y laboral, que reúnan condiciones de idoneidad, con el fin de consolidar la etapa de recuperación y fortalecimiento de la salud integral e inclusión a la sociedad de las mismas. Asimismo, se establece que el Departamento Ejecutivo Municipal y sus órganos dependientes, garantizarán la capacitación de manera obligatoria y remunerada a las personas aspirantes al puesto laboral que sea requerido por los mismos.
La normativa también dispone la difusión del plan de inserción laboral, mediante campañas masivas en medios de comunicación, las que serán elaboradas por el Departamento Ejecutivo Municipal, convocando a las organizaciones sociales especializadas en la problemática de Trata de Personas con fines de explotación sexual y laboral y a la comunidad educativa.

Normas complementarias

Con esta nueva ordenanza, ya son 22 municipios en 9 provincias los que sancionaron normas que garantizan capacitación y acceso al empleo para víctimas de trata. En Salta (Campo Quijano, Las Lajitas, Rosario de Lerma, Mosconi, Hipólito Irigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa y Apolinario Saravia); Corrientes (San Luis del Palmar, Virasoro y Santa Lucía); Formosa Capital; Córdoba (Malvinas Argentinas); Chubut (Rawson); Chaco (Machagai y Resistencia); Misiones (El Dorado); Santa Fe (Gobernador Gálvez); La Rioja (Araujo y Chilecito); y en Buenos Aires (Marcos Paz). Decenas de Concejos Deliberantes de todo el país se encuentran tratando iniciativas con el mismo objetivo.
Estas normativas complementan las leyes provinciales que ya sancionaron varias provincias, como Chaco y Catamarca, para garantizar la inclusión laboral de víctimas de trata, tanto en el ámbito público como privado. Proyectos similares cuentan con tratamiento parlamentario en las legislaturas provinciales de Neuquén, Salta, Jujuy y Santa Cruz.