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EN LA CAUSA DE SOBREPRECIOS EN LAS CONTRATACIONES

Dos empleadas del Ministerio de Educación a juicio por falso testimonio

Dos empleadas del Ministerio de Educación serán sometidas a juicio oral y público por el delito de “falso testimonio” por el contenido de sus dichos en una denuncia de recusación contra los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams, que tuvo la intención de apartarlos de la causa en la que investigan presuntas irregularidades y sobreprecios en contrataciones para la reparación de escuelas. Se trata de Cynthia Evans y Luciana Di Rico.
Así lo decidió en una resolución el juez de garantías, Gustavo Castro, como corolario de una audiencia preliminar al juicio oral realizada días atrás.
En la causa de las contrataciones, dos imputados resultaron sobreseídos, tres se sometieron a la probation y reconocieron los hechos. Resta aún el juicio oral y público para otros imputados, entre ellos Graciela Cigudoza y Raúl Care, ex funcionarios del Ministerio de Educación.

Las acusan de mentir bajo juramento

La denuncia por falso testimonio, contra Evans y Di Rico, fue realizada por el fiscal general Omar Rodriguez, que tiene a cargo la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
En la audiencia de recusación de ambos fiscales con el fin de apartarlos de la investigación, ambas mujeres declararon bajo juramento de decir la verdad. Ahora serán sometidas a juicio oral y público por haber cometido presuntamente el delito de falso testimonio.
Con las pruebas de los dichos que harán los testigos y las pruebas documentales que aportarán los fiscales, por un lado, y la defensa de ambas por el otro, se determinará en esta instancia final de debate en juicio, si cometieron o no ese delito.
Mientras que por la acusación a cargo del fiscal general Fernando Rivarola depondrán doce testigos, por parte de la defensa serán cinco, entre ellos algunos periodistas.

Los dos testimonios, base de la recusación

Los abogados defensores de los imputados en la causa del Ministerio de Educación, habían recusado al fiscal general Rodriguez por su presencia presuntamente irregular al momento de allanarse oficinas del Ministerio de Educación. Para fundamentar esa recusación con intenciones de apartar a Rodriguez del caso, se contó con los testimonios de las dos mujeres. Ambas aseguraron que vieron a Rodriguez y al fiscal general Alex Williams conversando con uno de los imputados durante el allanamiento policial que tenía como objetivo el secuestro de celulares y documentación.
“Ambos fiscales le preguntaban a Care sobre las contrataciones que investigaban sin que haya ningún defensor presente”, dijeron ambas mujeres en la denuncia de recusación contra los fiscales Rodriguez y Williams. De esta manera señalaron la presunta ilegalidad de esa conversación por no contar Care con asesoramiento legal en la circunstancia denunciada.

Agregaron que también ingresaron a la oficina de Care y continuaron con las preguntas, aunque nunca escucharon las respuestas.

“Favorecer a Care y Ciguduza”

Ambos fiscales argumentaron que nunca estuvieron en contacto con Care y que siguieron el allanamiento a la distancia, sin ningún tipo de contacto personal con el imputado, ni siquiera ingreso a las oficinas. La ex ministra de Educación, Graciela Cigudoza, está imputada en la investigación respecto de las contrataciones para la reparación de escuelas presuntamente irregulares.
“La falsedad está guiada por la intención de (Evans) favorecer la situación procesal de Graciela Palmira Cigudosa, con quien tiene relación de amistad y de dependencia por anteriores y actual relación laboral, y vinculación de pareja con la hija de la nombrada”, indicó Rodriguez en su denuncia.
Los fiscales también destacaron el interés de ambas testigos de favorecer la situación de Care, toda vez que Di Rico es una empleada a su cargo en el Ministerio de Educación y que además es amiga de la esposa del imputado.

Pedido de sobreseimiento

En la audiencia preliminar, el abogado defensor de ambas, Omar López, pidió el sobreseimiento para Evans y Di Rico. Argumentó que la acusación se centró más en las relaciones entre las imputadas y los funcionarios del Ministerio de Educación, que en la realidad objetiva de lo ocurrido durante el allanamiento a la oficina de Care.
El juez de garantías Gustavo Castro desestimó esta línea argumental, rechazó el pedido de sobreseimiento para ambas y elevó la causa a juicio oral y público por el delito de falso testimonio que compromete a Evans y Di Rico. (Fuente: MPF)

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