En una audiencia de control de detención desarrollada en horas de esta mañana, el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscal general Carolina Marín, quien estuvo acompañada por el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch, imputó el homicidio de Darío Miguel Haro a un menor de 17 años que se encontraba bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica al momento del suceso.

De acuerdo a la información fiscal, el hecho ocurrió el 18 de mayo entre las 3 y 3,15 cuando Darío Miguel Haro se desplazaba caminando por la calle Rio Pico, entre Viedma y Rifleros del Chubut del barrio INTA de Trelew, en momentos que fue alcanzado desde atrás por el imputado, quien con claras intenciones de robo y empuñando un arma blanca lo atacó sorpresivamente por la espalda, circunstancia esta que dificultó la posibilidad de cualquier mecanismo de defensa, y allí aprovechando la situación, le asestó no menos de catorce puñaladas en diversas partes del cuerpo. Darío Miguel Haro efectuó un breve recorrido hasta quedar tendido en el suelo ya sin vida a causa de las múltiples heridas. Una vez abatido, aprovechó el agresor para sustraerle las escasas pertenencias que llevaba consigo: un celular y un juego de llaves, para luego volver al domicilio en el cuál se encontraba cumpliendo arresto domiciliario, ubicado a unos trescientos metros del lugar.

La calificación jurídica es por el delito de homicidio criminis causae, es decir, homicidio para consumar otro delito, en este caso robo, en carácter de autor, conforme a los artículos 80 inciso 7mo. y 45 del código penal. A cargo de la investigación estará la propia fiscal Marín junto al funcionario acompañante.
En cuanto a los elementos colectados, destacó la fiscal que pudieron dar con el paradero del menor a raíz de la publicación efectuada en redes sociales donde ponía en venta el celular sustraído en una suma de 25000 pesos, lo que pudo ser observado y reconocido por familiares de la víctima. Cuando se llevó adelante el allanamiento de su casa se encontró la carcaza del teléfono y las llaves escondidas en un chulengo.

Refirió la doctora Marín que el menor se encontraba cumpliendo medidas socio educativas, tras haber sido condenado por el homicidio de Benito Limonao, a quien ultimó golpeándolo con un hacha y asestándole mas de catorce puñaladas y luego le sustrajo un reloj y también un celular. Por ese hecho le impusieron las medidas, basadas en el arresto domiciliario con tobillera, además de diversas obligaciones, con una pena de ocho años de cumplimiento efectivo si se violaba lo mencionado.

Es así que en este caso, la fiscalía solicitó se aplique el artículo 408 inciso f del código procesal penal y de acuerdo al procedimiento con menores se imponga la prisión preventiva por el término de tres meses. En caso de caer condena, la misma podría alcanzar los quince años, evitando por su edad que sea una prisión perpetua.
La defensa, ejercida por Sergio Rey no se opuso a la apertura de investigación, pero pidió un tiempo menor para la medida de coerción que podría ser de dos meses, mientras que el asesor de menores Pablo Rey informó sobre el seguimiento profesional efectuado sobre el imputado, cuyos informes eran altamente positivos. Sin embargo, admitió que evidentemente algo falló en cuanto a la posibilidad de los operadores, y esgrimió que haría falta una junta médica con psiquiatras y psicólogos para observar esta particular situación.

“Lo que me queda de todo lo que escuché es que el valor de la vida para el joven pasa por un celular”, manifestó el Juez Marcelo Nieto Di Biasse al resolver sobre el caso, y agregó que a ese valor le puso un precio de 25.000 pesos. Indicó que le llamó la atención la cantidad de prueba acumulada en poco tiempo que lo indican como el autor del hecho y resaltó que hacía pocos días había tenido la posibilidad de cumplimentar medidas educativas impuestas en un juicio abreviado, pero ahora deberá pasar lo menos ocho años seguro en prisión, más teniendo en cuenta que en un mes cumple la mayoría de edad. La forma de actuar, similar al hecho anterior, donde no escatima matar de tantas puñaladas a una persona solo para robarle un celular, la gravedad evidente de lo sucedido y los antecedentes fueron fundamentos firmes para imponer la prisión preventiva, en principio por el término de tres meses.