La Cámara Penal de Esquel revisa la sentencia que condenó por corrupción a ex funcionarios municipales de la localidad de Río Pico. Las defensas de Marcos Machado y Marcelo Rago expusieron sus cuestionamientos a la sentencia de José Luis Ennis, la fiscal María Bottini pidió la confirmación de la condena. El 9 de mayo se conocerá la resolución de los jueces Martín Zacchino, Carina Estefanía y Martín Montenovo.
José Julián Ripa Montuenga es el defensor de Machado. Cuestionó la sentencia indicando que a su criterio resulta arbitraria, añadiendo que omitió la valoración de prueba decisiva, lo que afecta a su defendido. Durante el periodo que ocurrió el hecho, Machado era intendente de Río Pico por el Frente para la Victoria.
Argumentó indicando que no existió la sobredimensión de costos que dio por probada el juez. Indicó que el perito contable de la fiscalía, tomó valores de referencia de proveedores de Esquel, los que no pueden compararse con los precios que es esperable encontrar en Río Pico por el costo de flete y por la menor oferta. Añadió además que sí era necesario contratar una empresa para la realización de la limpieza del arroyo, ya que la municipalidad se encontraba en una mala situación financiera como para encararlo por sí misma.
Por otro lado, indicó que no hubo irregularidades en la secuencia administrativa seguida para obtener el pago de las certificaciones de obra. “Los controles se hicieron”, recalcó Ripa, indicando que el informe del MPF dando cuenta de la no realización de los trabajos es de enero de 2017, pero hay una constatación posterior de diciembre que indica que fueron finalizados. “La provincia del Chubut se tomó casi dos años para realizar las tareas de inspección…” indicó que en ese tiempo es esperable que creciera la vegetación nuevamente.
Laura Carpineti, defensora de Rago, adhirió a los planteos de Ripa. Resaltó la afectación que la sentencia provocó en su defendido por inhabilitarlo para ejercer su profesión como maestro mayor de obra. Resaltó que no se probó el modus operandi que había propuesto la Fiscalía y que solo se los condenó por un hecho aislado. Indicó que la sentencia de juicio es arbitraria e infundada. Pidió a la Cámara que escuche el testimonio de su defendido en juicio, dando cuentas de los trabajos realizados oportunamente.
Bottini indicó que la defensa introduce cuestiones que no fueron preguntadas en el debate y por lo tanto no pueden ser probadas. Defendió los razonamientos del juez de juicio y las conclusiones arribadas en la sentencia. Recalcó las probanzas que dan cuenta de las irregularidades en el control de avance de la obra. “Evidentemente había un apuro o un interés para que se termine el trámite administrativo sin que nadie dijera nada”, señaló la fiscal.