Un grupo de organizaciones que nuclean a inquilinos de todo el país se pronunció respecto del debate por las modificaciones a la Ley de Alquileres y advirtió que «desde hace meses el sector inmobiliario en alianza con una parte del poder político, ha insistido en instalar la idea de que ‘la Ley de Alquileres no funcionó’, sin justificar esta idea, ni demostrar mediante investigaciones o datos fehacientes esta afirmación», agregando que, entre los inconvenientes en el contralor del cumplimiento de la normativa, «el Gobierno Nacional incumplió con la reglamentación y ejecución del Programa Nacional de Alquiler Social que indica el título III de la Ley 27.551, este programa considera mecanismos de acompañamiento económico para los hogares más vulnerables».

Al mismo tiempo, manifestaron que «esta falta de políticas públicas, así como la falta de control del cumplimiento de la ley, la falta de asistencia para denuncias de incumplimiento y también la falta de un adecuado registro de contratos de alquiler, así como la insaciable especulación inmobiliaria son las que resultan en la grave crisis habitacional que padece la población inquilina de todo el territorio nacional» y se preguntaron si «es democrático derogar una ley que llevó 5 años de debate, imponiendo un debate de menos de un mes, en un país donde no existen datos oficiales de la situación habitacional y la mayoría de los datos del sector privado son elaborados a pedido de los operadores inmobiliarios que especulan con el incumplimiento de la ley».

A su vez, las organizaciones plantearon una serie de factores que deberían cumplirse en el contexto de la actual legislación, entre ellos «que se establezcan criterios objetivos para regular el precio inicial de las viviendas en alquiler, vinculado a factores de ubicación, calidad constructiva, valor catastral, metros cuadrados, condiciones de habitabilidad. Otra alternativa es la publicación estatal de precios de referencia», indicando que «los aumentos de alquiler deben considerarse en base a los salarios».

También, pidieron «fortalecimiento de la regulación estatal nacional, en lugar de delegar en las provincias una
cuestión que afecta la garantía de un Derecho Humano y Constitucional a la vivienda digna y en condiciones adecuadas, y que afecta al principio de igualdad y no discriminación» y «garantizar el plazo mínimo de tres años en los contratos de alquiler de vivienda».

Sumado a ello, las organizaciones que representan a inquilinos de las distintas jurisdicciones del país solicitaron «implementar mecanismos de articulación Interministerial e interjurisdiccional que faciliten el ejercicio de Derechos de las personas que alquilan», «crear el Registro Único de Contratos de Alquiler en la órbita de Anses para
implementar políticas públicas que reconozcan y consideren la vulnerabilidad económica de los hogares inquilinos» y «medidas integrales que garanticen una oferta de inmuebles para alquilar».