El 27 de diciembre, el intendente Renzo Tamburrini del Municipio de Sierra Grande en la provincia de Río Negro, promulgó la ordenanza 1501/21 sancionada por el consejo deliberante que dispone “la implementación de cartelería y similares en edificios públicos, taxis, remises y transporte público para la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”, es decir, la obligatoriedad de difundir la línea anónima y gratuita número 145 del Ministerio de Justicia de la Nación, mediante la cual se pueden denunciar situaciones sospechosas de explotación sexual o laboral.
El proyecto había sido elaborado por la concejala Valeria Cayuqueo conjuntamente con la delegada de Río Negro del Comité contra la Trata y Explotación de Personas, Fernanda Calfin y presentado por el bloque del FDT.
Con la norma aprobada en Sierra Grande, ya son 19 los municipios de 13 provincias que resolvieron la obligatoriedad de la difusión del 145 en edificios y transporte públicos. Y junto con San Antonio Oeste, es el segundo municipio de la provincia de Río Negro que impulsa una similar ordenanza.
Durante 2021 más de un millar de denuncias ingresaron desde la línea 145, de los 24 distritos de la Argentina que derivaron en investigaciones judiciales, allanamientos y rescate de 1404 víctimas de trata por explotación sexual, laboral y otras modalidades.
La visibilización y federalización de la difusión de la línea 145 es clave para la lucha contra la trata de personas.