El gobierno de China ordenó a casi 10.000 ciudadanos residentes en el extranjero desde 2014 a regresar a su país de origen, empleando «métodos coercitivos fuera del sistema legal», según la denuncia de la ONG Safeguard Defenders.

La entidad aseguró que la cifra puede ser «la punta del iceberg» y advirtió que China está «ampliando su poder en el extranjero» y desplegando operaciones «ilegales». Desde el país manifestaron que las personas obligadas a volver son «objetivos de la estrategia anticorrupción» impulsada por el presidente Xi Jinping.

Sin embargo, la ONG con sede en España sostuvo que dentro de los diez mil ciudadanos hay personas críticas hacia el gobierno, cuyas familias son acosadas y detenidas para forzar su regreso. Asimismo, el informe detalla que estos individuos son presionados para volver a China «contra su voluntad mediante la combinación de métodos extrajudiciales que incluyen secuestros, acoso e intimidación».

«Con la diáspora china creciendo a una velocidad cada vez más rápida debido a que hay más gente que quiere dejar el país (…), Pekín está todavía más motivada a expandir los poderes de sus fuerzas de seguridad en el extranjero», expresa el informe de Safeguard Defenders, citando datos gubernamentales para concluir que casi 10.000 chinos y chinas han regresado de manera forzada desde 2014, mientras que en los últimos dos años fueron repatriadas unas 2.500 personas.