El pasado 9 de diciembre, el Senado de la Nación aprobó la modificación de la Ley 26.130 de Contracepción Quirúrgica, que permitía que las personas con discapacidad fueran esterilizadas sin su consentimiento, a pedido de sus familias o representantes legales. «Esta norma resultaba violatoria de su derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia basada en género», señalaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El Estado como garante

En el mismo sentido, indicaron desde la entidad que «la anticoncepción quirúrgica es un método anticonceptivo, y, como cualquier otro, debe ser elegido por quien lo va a utilizar», agregando que «en virtud del artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado con jerarquía constitucional en Argentina, los Estados deben asegurar que estas personas mantengan su fertilidad y puedan decidir libremente el número de hijos e hijas que quieren tener, poniendo fin a la discriminación que enfrentan actualmente en todas las cuestiones relativas a la familia, la paternidad y la maternidad, y las relaciones personales».

Consentimiento

«Con esta reforma», continuaron, «ya no es posible que prácticas como la vasectomía o la ligadura de trompas se realicen sin informarlas ni contra su voluntad; la nueva redacción de la ley establece que todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para estas intervenciones, a acceder a los apoyos que les permitan consentir en forma autónoma, y a que se adopten salvaguardias para evitar la sustitución en la toma de decisiones».

«Vida libre de violencia y discriminación»

«Esta modificación legislativa fue impulsada por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), FUSA Asociación Civil, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el marco del ‘Proyecto DeSeAr con Inclusión'», apuntaron desde ACIJ, concluyendo que «la reforma de la ley 26.130 constituye un paso fundamental para garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas con discapacidad y asegurarles una vida libre de violencia y discriminación».