POR UN HECHO OCURRIDO EN LAS AFUERAS DE GUALJAINA

Piden 7 años de cárcel para acusados de violento robo a un peón rural


Luego de la declaración de responsabilidad penal de Daniel Medina y Luis Fabián Barría, como coautores de robo calificado por uso de arma impropia y por haber sido cometido en despoblado, en concurso con privación ilegítima de la libertad agravada, se debatió la pena a imponer. La fiscal María Bottini pidió una pena de siete años de prisión y la declaración de reincidencia para ambos acusados. Los defensores, Daniel Sandoval y Valeria Ponce se opusieron a las agravantes y requirieron la aplicación del mínimo legal.
La fiscal pidió al tribunal que tome como agravante que ambos imputados conocían la situación de indefensión y vulnerabilidad de la víctima, ya que se conocían de toda la vida. Sabían de sus características físicas, que estaba solo, que no tenía movilidad. Se refirió al momento escogido para producir el asalto, cuando el peón estaba cenando, ya no tan en alerta. Añadió la preponderancia física de ambos coautores frente a la víctima y la superioridad numérica.
Luego se refirió a las secuelas físicas y emocionales que dejó el hecho. La privación de la libertad dejó deshidratada a la víctima, además de marcarlo con secuelas emocionales.
Añadió luego que ambos imputados tienen educación, vienen de familias trabajadoras, pasaron por otros procesos judiciales, cumplieron pena, por lo tanto, contaban con las herramientas para motivarse en la norma.
Tanto Daniel Sandoval, defensor de Medina, como Valeria Ponce, representante de Barría, se opusieron a las agravantes planteadas. Con distintos argumentos señalaron que esas situaciones ya están contenidas en el mínimo legal de los delitos por los que fueron declarados responsables, por lo tanto, no puede elevarse la pena del mínimo.
Ambos resaltaron que aún no era de noche cuando ocurrió el hecho y que la gente de campo siempre está alerta, no se sorprende fácilmente.
Sandoval planteó que las penas que cumplió Medina fueron cortas, por lo tanto, no fueron suficientes para la finalidad de resocialización y esto no puede ser usado en su contra. Ponce indicó que su defendido tiene un trabajo estable, lo que debe contemplarse a su favor y que con ellos se ocupa de la manutención de sus hijos. Estos planteos fueron contrarrestados por la fiscal en su réplica.
El 5 de enero a las 13 horas se conocerá la decisión del Tribunal conformado por los jueces Ricardo Rolón, Fernanda Révori y Martín O’ Connor.


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