En la sesión virtual que protagonizó ayer la Legislatura de Chubut se aprobó el proyecto que suspende por 180 días la posibilidad de que los sueldos de los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia se incrementen en consonancia con los aumentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esto, lógicamente, no cayó bien dentro de los Tribunales chubutenses, desde donde rápidamente salieron al cruce. Una de las entidades que se pronunció fue la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH), que preside Carina Estefanía, que a través de un comunicado marcó su rechazo a lo propuesto por el Poder Ejecutivo.
Puntualmente, el documento fue publicado minutos antes de la sesión virtual celebrada en este jueves, pero con el conocimiento de lo que establecía el entonces proyecto que luego se convirtió en ley. La AMFJCH expresó que “quienes trabajan en el Poder Judicial no han recibido ninguna recomposición de sus salarios durante todo el año 2020, lo que implica una reducción del poder adquisitivo de sus ingresos en el mismo porcentaje que la inflación registrada durante el presente año en nuestro país, que se estima en un 30%. Además de eso, a la fecha se adeudan a sus integrantes dos meses de sueldo y el medio aguinaldo de julio”.
Al tener conocimiento de la propuesta del Poder Ejecutivo para seguir congelando los salarios, desde el organismo remarcaron que con la misma “se pretende suspender toda clase de reajuste salarial por el término de seis meses, lo cual significa que para mitad del año 2021 los sueldos de la magistratura y el funcionariado se habrán reducido en un porcentaje superior al cincuenta por ciento”.
“Es inevitable vincular esta iniciativa con la ley recientemente aprobada por la Legislatura provincial por la cual se modificó el procedimiento de remoción de los/as magistrados/as, que merece serios reparos constitucionales y en franca contradicción con previsiones convencionales consolidadas. Ambos proyectos constituyen un claro avasallamiento de la división de poderes y de las garantías de inamovilidad en sus cargos e intangibilidad de las remuneraciones de la magistratura y funcionariado, con rango constitucional, en cuanto protegen la existencia misma de un Poder Judicial independiente”.