Un grupo de familias autodenominado «Madres y Padres por la Educación Pública en Chubut» envió una nota a la Defensora del Pueblo, Claudia Bard, en la que se planteó la necesidad de que los estudiantes regresen a las aulas, advirtiendo la «inmensa preocupación respecto a la educación de nuestros hijos».

Enseñar y aprender

El documento también hizo referencia a la «crisis que atraviesa el sistema educativo público provincial», la cual «se vio profundizada en los últimos tres años» y que con la pandemia «se acentúa aún más».
Frente a ello, las familias evocaron el Artículo 14 de la Constitución Nacional, el cual establece que «todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.

Asegurar los recursos

Asimismo, las madres y los padres recordaron que la Constitución de Chubut enuncia, en su Artículo 18, Inciso 5, Artículo 19 y Artículo 27 de la Niñez, que «la familia asegura prioritariamente la protección integral del niño. El Estado, en forma subsidiaria, promueve e instrumenta políticas tendientes al pleno goce de sus derechos. Desarrolla asimismo acciones específicas en los casos de niñez sometida a cualquier forma de discriminación, ejercicio abusivo de la autoridad familiar, segregación de su familia o de su medio social inmediato. A los fines de tales políticas y acciones, coordina la participación de organizaciones no gubernamentales, privilegia el rol de los municipios y asegura los recursos presupuestarios adecuados».

Egresar sin clases

Por otra parte, sostuvieron a través de la carta remitida a la Defensoría del Pueblo que «la omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces», además de señalar «la falta de una política educacional y pública» y advertir que «los adolescentes están próximos a finalizar su etapa del ciclo secundario y sólo están accediendo a un promedio de cinco espacios curriculares».

Piden respuesta urgente

Consecuentemente, las familias exigieron «una respuesta, no sólo para los alumnos que están por finalizar su etapa escolar, sino también para aquellos que se encuentran en distintos niveles» y que «este Gobierno logre en forma inmediata el acuerdo necesario con la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, u otra Organización que se encuentre inmiscuida en la disputa, para lograr normalizar la situación de manera urgente».