UN JUEZ ACCEDIÓ AL PEDIDO DE LA DEFENSA DE MAXIMILIANO GONZÁLEZ

Domiciliaria con tobillera para imputado en la causa de coimas en el IPV


Este viernes se concretó, en Comodoro Rivadavia, una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva en la causa de asociación ilícita por presuntas coimas en la delegación del IPV, respecto del coimputado en la causa Maximiliano González. El fiscal solicitó se mantenga la medida de coerción que cumple el imputado por el término de 30 días, medida que le fuera dictada en la audiencia de control de detención. Por su parte el defensor insistió en plantear el arresto domiciliario de su pupilo y que se le coloque un dispositivo electrónico de rastreo.
El juez penal resolvió hacer lugar al pedido de la defensa y otorgó el arresto domiciliario a González, con tobillera electrónica y al cuidado de sus padres.
Presidió la audiencia de revisión Miguel Caviglia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Héctor Iturrioz, fiscal general; en tanto que la defensa de González fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

Los hechos

El hecho investigado acontece en fecha aún no determinada, pero que data al menos del mes de Mayo del año 2019, un grupo de personas, comandados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante el IPV) con sede en esta ciudad de Comodoro Rivadavia; identificado como Maximiliano González, e integrado por aquel entonces por tres personas ya identificadas; obrando de común acuerdo, decidieron asociarse con la única intención de cometer ilícitos. Estos –los delitos- indeterminados en su cuantía y en cuanto a las conductas ilícitas a desplegar, giraban en derredor de la recaudación de dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el Instituto del que González era agente.

Venta de adjudicaciones

Entre los ilícitos ideados por el clan criminal, se incluían la: comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la venta de Legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria, que fue variando con el transcurso del tiempo, suponía –según argüían los integrantes del clan- la “adjudicación directa” de una finca de este tipo, sorteando la obligación de cumplir el procedimiento establecido por el ente rector; la sustracción de elementos (sello oval) y documentación perteneciente al IPV, a fin de utilizarlos posteriormente a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones; la falsificación de resoluciones de adjudicación, utilizando para ello no solo los conocimientos sobre el procedimiento administrativo adquiridos por González a lo largo de su labor en el IPV sino también los medios informáticos (hardware y software) de propiedad del ente autárquico.

Hasta 300 mil pesos

La fiscalía sostiene que en dicho contexto a fines del año 2.019, se incorporó a la empresa criminal, Griselda Fanny Jonás. Repartidos los nuevos roles Jonás comenzó con su labor de ofrecer a distintas personas “Carpetas Adjudicadas” del IPV, correspondientes todas ellas a distintos planes de viviendas –sociales- que el organismo construyó y construye en la zona norte de esta ciudad, más precisamente en el Barrio Kilómetro 12.
Como se dijo, dichas carpetas implicaban que el adquirente de los favores del clan, mediante el pago del canon exigido por el colectivo, que fue oscilando en el tiempo entre la suma de $ 150.000 hasta la suma de $ 300.000; se garantizaba una suerte de “Adjudicación Directa”, la que implicaba sortear todos los procedimientos legalmente impuestos por el IPV.

Modus operandi

La acusación sostiene además que para garantizar el éxito del emprendimiento inmobiliario ilegal, Jonás fue sumando integrantes a la sociedad venal, los que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” de acceder a conformar la transacción, y finalmente ponerlos en contacto directo con Jonás quien concluía la operación.
Recibida la documentación –y el dinero- por parte del funcionario público dependientes del IPV, este se encargaban de confeccionar las Resoluciones –apócrifas- donde se concretaban las adjudicaciones en favor de quienes habían abonado la gestión.
Respecto de la calificación legal existen dos hechos que concurren en forma material al principal (asociación ilícita) calificado el primero como “estelionato, falsificación de documentos, falsedad ideológica de documento público, y exacciones ilegales bajo la modalidad concusión”, en carácter de coautor y autor; y el segundo como “exacciones ilegales bajo la modalidad concusión” como autor para González. (Fuente. MPF)


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