En el año 2020 la Ley Nacional de Salud Mental cumple 10 años de vigencia, y vence el plazo establecido por su decreto reglamentario para el cierre de los manicomios en Argentina. A su vez, en el mes de agosto pasado se cumplió el plazo previsto por la Resolución 3250/2019 del Ministerio de Salud para que las instituciones monovalentes con internación en salud mental presenten sus planes de adecuación a la ley 26.657. Sin embargo, el sistema de atención continúa basado en el hospital psiquiátrico y no se han experimentado modificaciones sustantivas para su sustitución por uno de salud mental comunitaria, situación que ha sido reconocida por el propio Estado Nacional en el marco de una audiencia temática celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019.

En este contexto, un grupo de organizaciones elaboramos un documento con recomendaciones de política pública necesarias para transformar el sistema de atención en salud mental de acuerdo a lo establecido en la ley 26.657, creando una red de dispositivos con base en la comunidad que garantice la externación de las personas que viven en los hospitales psiquiátricos y centros de tratamiento en adicciones de Argentina. Entre las propuestas se menciona la necesidad de producir información relevante sobre las personas internadas y las políticas adoptadas en cada jurisdicción del país, fortalecer el abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención, garantizar tratamientos ambulatorios y acceso a medicación, asegurar condiciones habitacionales dignas y garantizar la inclusión comunitaria de las personas con discapacidad psicosocial, brindar los apoyos que sean necesarios a ellas y a sus familias, desarrollar sistemas de monitoreo de las externaciones, asegurar la participación real de los usuarios y usuarias en las políticas públicas que se adopten y destinar partidas presupuestarias suficientes y adecuadas para sostener los procesos de desinstitucionalización.

El plazo previsto para el cierre de los manicomios coincide con la pandemia del virus COVID-19, situación que ha evidenciado la gravedad de que miles de personas en nuestro país continúan encerradas en condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de higiene y aisladas de la comunidad. En este sentido, avanzar en procesos de externación ya no es sólo un imperativo legal, sino una medida fundamental para la preservación de la vida y la integridad de las personas institucionalizadas por motivos de salud mental en Argentina.

Esperamos que el documento elaborado sea tenido en cuenta por las autoridades estatales en los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, y manifestamos nuestra voluntad de participar y aportar en todas las instancias que el Estado habilite para avanzar hacia una salud mental comunitaria.

Accedé al documento en PDF: https://bit.ly/2FG5D5q