El silencio ensordecedor ante la injusticia


El Diario | Opinion

Por Karina Cecuk

Días pasados, la denuncia de una mujer que acusó a su expareja de abuso sexual, tomó notoriedad debido a que el acusado es un individuo conocido en la provincia.
Tras la publicación de la información policial y judicial acerca de los hechos, el representante legal de Fernández, pidió derecho a réplica al Grupo Azul Media, porque al parecer interpreta que se le ha afectado en algún modo. El abogado hizo su descargo el domingo próximo pasado por el mismo medio desde donde se hizo la cobertura periodística inicial.
En la oportunidad, el abogado, expuso un detallado relato acerca de la audiencia en la que la jueza Mirta Moreno desestimó la denuncia contra Fernández, por considerar que no había elementos de prueba para la apertura de investigación, cuestionando duramente al fiscal que intervino en la causa, Osvaldo Heiber, y calificando de “excesivo” el proceder de la Policía.
El letrado también hizo algunas observaciones en las que cuestionó la labor periodística, con acusaciones mediante.

Derecho a la información

He aquí algunas consideraciones, atento a que resulta necesario establecer un adecuado equilibrio entre el derecho a réplica y el derecho a la libre expresión.
Resulta fundamental la protección de la libertad de expresión, reconocida por nuestra Constitución, entendiendo que ello supone una democracia plena.
Es la misma Constitución Nacional la que garantiza el secreto de las fuentes de información periodística.
Por tanto, si un periodista llega al lugar donde se está cometiendo un delito, o incluso si se estuviera produciendo una acción ilegal de la fuerza pública, eso no supone un acto cuestionable, sino por el contrario es la divulgación genuina de los hechos.
Cuál es la fuente de información que le permitió acceder de primera mano a los acontecimientos, es información que está protegida por la Constitución.
Es el Estado, ya sea a través de la Policía, un juez, u otro funcionario, el que debe garantizar los derechos del ciudadano, y en todo caso el periodista podría en el mejor de los casos, ser testigo del momento en que ese derecho es respetado o vulnerado.
Cientos de ejemplos se podrían citar de cómo el periodismo ha sido herramienta fundamental para arrojar luz sobre hechos donde la actuación del Estado ha sido puesta en debate.

Lo legal y lo legítimo

No son pocos los casos que podríamos citar acerca de cuándo lo legal riñe con lo justo. Lo legal se apega al derecho, está dentro de un marco jurídico, nos limita a lo que se puede o no hacer desde la visión de la ley. Lo legítimo además implica seguir un camino correcto, justo, auténtico, moral y ético.
Solo por citar algunos ejemplos podríamos mencionar que, la posibilidad de heredar, poner una demanda judicial o participar en contratos no estuvieron siempre al alcance de las mujeres. De hecho las mujeres casadas se mantuvieron largamente en una situación de supeditación a sus maridos durante décadas. Era legal, sí, pero visto en perspectiva estaba muy lejos de ser justo.
En Argentina la “violación conyugal”, está penada por la ley. Sin embargo, aún en la actualidad en muchos países, las mujeres casadas no pueden negarse a tener relaciones sexuales con sus maridos e incluso no pueden elegir usar anticonceptivos. Vale decir entonces, que no siempre lo que es legal, es justo.
Que un efectivo policial cometa excesos en la detención de un individuo, es ilegal, detener a una persona sin una orden judicial, es ilegal, que un fiscal presente una acusación sin pruebas, es vergonzoso, pero no es ilegal, que un juez desestime de plano una denuncia por falta de pruebas, es legal. Ahora bien, he aquí una serie de actos legales e ilegales, claramente establecidos por las normas que así lo determinan. Sin embargo, asegurar que un hecho no ocurrió porque no se puede probar, no es correcto. Por lo tanto la desestimación de una denuncia por falta de pruebas y mal procedimiento es legal, pero eso no la convierte en justa.
Policías acusados de abuso de autoridad, fiscales y jueces denunciados por incompetentes, o peor aún por actuar al margen de la ley, no es lo que se espera en Estado de Derecho.
Como ciudadanos aspiramos a que lo legal sea justo, y para eso necesitamos policías, abogados y jueces a la altura de las circunstancias. Aunque siempre pueden culpar al cartero, o al periodista, usted elige.


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