Este lunes hubo un avance sustancial en la investigación judicial donde están apuntados Darío D’Amico y Pablo Korn. Lo que sucedió fue que la jueza Marcela Pérez hizo lugar al pedido de los fiscales Alex Williams y Daniel Báez para que se eleve la causa a juicio oral y público. En la misma se analizan presuntas negociaciones incompatibles con la función pública por la contratación directa de obras para la localidad de Puerto Pirámides.
Según se resolvió durante la víspera el juicio en el que están apuntados Korn, ex funcionario de Provincia, y el empresario D’Amico se llevará a cabo en la localidad de Rawson, unificando otro debate al que deberán afrontar, por delitos vinculados.

Relación entre los acusados

Vale recordar que la causa se originó por una denuncia sobre irregularidades en la contratación directa de una firma, por cientos de miles de pesos. La investigación de los fiscales por la presunta comisión del delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, ya que Korn, siendo Subsecretario de Servicios Públicos en el marco del Convenio Municipalidad de Puerto Pirámides para Obra de rehabilitación Sistema Cloacal, “se interesó en la contratación directa con la firma Electrocity, perteneciente a su amigo y socio Darío D´Amico”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Siguiendo en la postura de la parte acusadora, el fiscal Báez especificó que “Korn, en función del cargo que ocupaba, aprovechándose del mismo, y con la clara intención de beneficiar económicamente a su amigo y socio Darío D´Amico, direccionó la contratación directa de los materiales eléctricos en favor de éste”
“Korn inserto un interés particular por encima del interés público que debía velar, y al cual debió dar preeminencia”, agregó el fiscal jefe de la ciudad del Golfo.

Causa unificada

Tal como se mencionó anteriormente, la causa de Puerto Madryn se unificará con otro expediente que ambos imputados también poseen en Rawson y que ya fue elevado a juicio. En ese caso está relacionada con la adquisición de materiales para paliar el colapso del sistema eléctrico de la ciudad de Comodoro Rivadavia durante la situación de emergencia climática que durante varios días afectó a esa ciudad, entre los meses de marzo y abril del año 2017.
Para los fiscales existen pruebas suficientes de estas maniobras aprovechando la necesidad de urgencia por la situación que se vivía.