DOCUMENTO DIRIGIDO AL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Magistrados piden que se declare la Emergencia Judicial de Chubut


La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH) emitieron un comunicado dirigido al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ), Mario Vivas. En la misma se precisaron detalles de la situación que está atravesando el Poder Judicial, en el marco de la demora sustancial que hay en el pago de los haberes para todos los empleados de la Administración Pública.
En el documento dirigido a Vivas, también se pidió que el mismo alcance a Alejandro Panizzi, ministro del STJ; a Jorge Miquelarena, titular del Ministerio Público Fiscal; y a Sebastián Daroca, titular del Ministerio de la Defensa Pública.
En primer lugar, se hizo referencia que el texto fue “en virtud del gravísimo escenario que enfrenta hoy la magistratura y el funcionariado judicial en la provincia del Chubut”.
“Los detalles de la crisis que afrontamos han sido expuestos reiteradamente desde marzo de 2018 en cada oportunidad que nos dirigimos a ese Máximo Tribunal. Transcurridos ya dos años y medio desde entonces -un cuarto de década-, la realidad nos informa que la situación económica y financiera de la Provincia empeora cada día”, apuntó el informe de la AMFJCH.

Déficit en crecimiento

El documento firmado por Carina Estefanía, titular del organismo, insistió con que “el déficit financiero mensual se va incrementando y, con ello, aumenta el atraso en el pago de los salarios, demora que llegó a alcanzar los tres meses y medio. En pocos días nos ubicaremos nuevamente en esa situación, desconociendo incluso cuándo se producirá el pago del sueldo de mes de julio de 2020”.
También indicaron que “no podemos soslayar que el atraso entre un pago y otro supera los 30 días y va variando mes a mes, siendo el último interregno de 52 días. La realidad es que estamos ingresando al décimo mes del año y hemos percibido los sueldos correspondientes a los seis primeros”.
El texto firmado por Estefanía indicó que “desde 2018, con períodos muy breves de interrupción, el gremio de los empleados judiciales ha ido disponiendo drásticas medidas de fuerza. En marzo de 2020, cuando la crisis provincial parecía haber tocado fondo, fuimos sorprendidos por la pandemia y la gravedad de la situación se profundizó”.

“Emergencia judicial”

En resumen, el texto afirmó que “dada la crisis y las limitaciones de los recursos humanos antes señaladas, consideramos que enfrentamos una auténtica situación de emergencia judicial y resulta imperioso se establezca una racionalización inmediata -a lo esencial- de los servicios en torno a los asuntos que resulten inaplazables, para garantizar la protección de los derechos humanos”.
“Para que los tribunales puedan resolver los casos que refieran a derechos fundamentales o a la previsible situación de inseguridad ciudadana, las magistradas/os y/o funcionarios/as deben contar con las condiciones laborales habituales a las que se suman las sanitarias y merecen, por ello, especial atención de su salud, incluso en la aplicación de los test de descarte, ya que necesariamente están en contacto con diversas personas y grupos sociales”, apuntaron.
Por último, el documento firmado por Estefanía se le solicitó al STJ que “decrete formalmente el ‘Estado de Emergencia Judicial’ y disponga las medidas organizativas y procesales –incluida la suspensión de plazos- tendientes a evitar consecuencias más negativas que las que estamos padeciendo”.

Medidas de fuerza

Si bien se hizo un reconocimiento a que las medidas de fuerza por parte de los trabajadores tienen una justa causa, se plantearon reparos respecto a los cuestionamientos por parte de la asociación sindical que nuclea a los agentes del Poder Judicial. Oponiéndose a “la convocatoria a guardias mínimas, que objeta el número de personas convocadas o que se niega a realizar tareas que ‘a su criterio’ no resultan urgentes”.
“Si por una razón de política judicial, a fin de destrabar los conflictos que se presentan de forma extrema, se conforman guardias mínimas que involucran solamente a un veinte por ciento de empleadas/os, sin descuento de haberes, ello no puede significar que el funcionariado sea el estamento que asuma la totalidad de las tareas reglamentariamente asignadas a las/os empleadas/os en aras de no socavar el servicio. Ello claramente constituye una exigencia inequitativa y de cumplimiento materialmente imposible sin afectar la salud de quienes deben asumirlas”, apuntaron desde la AMFJCH.
Al respecto, agregaron que “nada de ello impide la coexistencia de un reclamo legítimo e individual por parte de las/s magistrados/as y funcionarios/os de percibir los salarios en tiempo y forma. No se puede obviar que la intangibilidad de las remuneraciones, encuentra fundamento en que posibilita que puedan tener una vida digna, que les permita su subsistencia y la de su familia”.


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