TRASLADARÍAN PACIENTES PSIQUIÁTRICOS A GERIÁTRICOS SIN SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA

Denuncian a Seros por intentar reducir costos en detrimento de la salud


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El abogado que representa a trabajadores del Instituto de Neurociencias Patagónicas (INPAT), Agustín Cifre Puig, dialogó con El Diario y se refirió a la acuciante situación que atraviesa un centenar y medio de personas que allí se desempeñan, al igual que una larga lista de pacientes psiquiátricos que, por motivos de costos, podrían ser trasladados a geriátricos y centros no especializados producto de una decisión de la obra social Seros, que licitó el servicio y lo preadjudicó “a lugares que no están en las condiciones de cumplir con los cuidados que los pacientes necesitan”, según indicó.
En el reclamo, se advierte que a la estrategia de la obra social para reducir costos en detrimento de la salud de los pacientes con enfermedades mentales, también incumpliría varias leyes, entre ellas la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.627; no hubo pronunciamiento oficial respecto de si, al momento de impulsar dicha licitación, se contaba con el asesoramiento legal que indicara que se estaría violando una ley de carácter federal, con el objetivo de reducir los costos del servicio para los pacientes psiquiátricos, además de eliminar unas 150 fuentes de trabajo provinciales.

“Es un traslado ilícito”

Al respecto, Cifre Puig, que representa a los 150 trabajadores del INPAT cuya fuente laboral es ahora incierta, explicó que “la situación es angustiante y triste; no se sabe qué va a pasar en el caso de que Seros retire a los pacientes del INPAT, se quedarían sin trabajo” y agregó que “en el marco de la pandemia, quedar en la calle no es algo agradable para nadie; y la triste realidad es que eso va a suceder en el marco de una ilicitud manifiesta, porque realmente la licitación sobre la cual se pretende hacer este traslado de pacientes a otros lugares es ilícita, desde el punto de vista legal”.

En alerta

El escenario “deja un sabor amargo y es injusto”, reconoció, y consultado sobre cuál podría ser el destino de los pacientes, si eventualmente los mismos son trasladados a otros centros de atención, Cifre Puig respondió: “Nosotros lo planteamos judicialmente y la Cámara dos veces entendió que se necesitaba ‘un daño más concreto’. Lo que pretende hacer Seros es trasladar estos pacientes psiquiátricos a geriátricos comunes o a clínicas polivalentes y el problema ahí es que el INPAT es un centro psiquiátrico, no de salud común o geriátrico, y aquí se atiende a personas con padecimientos mentales; ahora, quieren trasladar a estas últimas a geriátricos o centros polivalentes”.

Trabajo y salud en juego

Otra cuestión no menor “es que son personas que tienen padecimientos psiquiátricos, algunas de las cuales se infligen daños a sí mismas; imaginemos que a un paciente le agarre una crisis en un geriátrico, se necesita mucho profesionalismo para que esa persona sea tranquilizada y mucho personal, lo cual no se tiene en esos lugares; y aquí no solamente está en juego el trabajo de los enfermeros y el personal del INPAT sino la salud de los pacientes que están internados”.

“No están en condiciones”

“El servicio que se va a ofrecer no cumple con las normas de salud mental requeridas, y eso convierte a la licitación en ilícita, no podría ninguno de estos centros proponerse para brindar un servicio sin estar en condiciones”, consignó el abogado, aclarando que “la misma Ley de Salud Mental impone ciertas características, equipos multidisciplinarios y cuestiones con los tratamientos que tienen que ser no restrictivos y demás, y que esos lugares no están en condiciones de llevarlos adelante”.

Preadjudicación

“Una cuestión importantísima es que acá lo que se está violando es otra ley que tiene que ver con la discapacidad”, advirtió Cifre Puig al tiempo que remarcó que se trata de personas que también “tienen Certificado de Discapacidad. Y pretenden correr de ese lugar a las mismas, cuyo tratamiento tendría que estar cubierto al 100% por como lo establece la Ley de Discapacidad”.
La licitación “ya se hizo”, puntualizó, añadiendo que “los sobres ya se abrieron y está preadjudicada a este grupo de geriátricos y clínicas polivalentes”.

El derecho del paciente

“Estamos hablando de un servicio especializado versus lugares comunes”, reflexionó el abogado, y concluyó lo que está sucediendo “es que la obra social (por Seros) ni siquiera se hace cargo de la decisión que tomó con anterioridad, porque si quieren cambiar al servicio privado, que lo hagan con los pacientes nuevos; pero los que ya están en el INPAT tienen un derecho adquirido, no se les puede cambiar el tratamiento y no son macetas que se pueden correr de un lado a otro, son seres humanos”.


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