ALLANARON EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y SECUESTRARON 40 CELULARES ILEGALES

Una banda realizaba extorsiones sexuales desde la cárcel provincial


El Diario | Regionales | Seguridad

Desde el Instituto Penitenciario Provincial operaba una organización criminal que realizaba una maniobra extorsiva conocida como “sextorsión”, al captar víctimas por redes sociales a las que se les exigía dinero luego de obtener fotos sexuales. Los amenazaban con falsas órdenes de detención o la divulgación de las imágenes. El fiscal Fernando Rivarola y el ministro de Seguridad, Federico Massoni, revelaron que hay más de 100 afectados de todo el país. En un amplio despliegue allanaron la cárcel y secuestraron más de 40 celulares ilegales y encontraron a los celadores durmiendo.

El ardid de sextorsión

Se trata de un delito de que, en su primera fase, se lleva a cabo mediante el uso redes sociales con la utilización de perfiles falsos. En su segunda fase, toman contacto con las víctimas por Whatsapp y comienzan con las exigencias para lograr la transferencia de distintos montos de dinero. Intimidan a la víctima aludiendo falsas órdenes de detención, utilizando el nombre de fiscales y abogados conocidos, o bien de publicar el contenido de los chats en redes sociales.

Allanamientos

Los funcionarios explicaron que los allanamientos en los calabozos del Instituto Penitenciario Provincial permitieron el secuestro de aproximadamente 40 teléfonos celulares que estaban en poder de algunos detenidos y que ahora deberán ser peritados con la finalidad de reunir las pruebas para seguir profundizando la investigación.
Los procedimientos se realizaron de manera sorpresiva y participaron unos 250 policías de toda la provincia que llegaron al lugar de manera subrepticia ya que el procedimiento también incluía el secuestro de teléfonos celulares del personal de custodia.
La tarea fue coordinada por las autoridades de la Brigada de Investigaciones de Rawson que inició las pesquisas hace aproximadamente un mes y medio y que hasta el momento permitió determinar víctimas de todo el país, incluso de países limítrofes como Chile. El delito de “extorsión” es porque la forma de engañar a las víctimas y presionarlas con no difundir imágenes íntimas a cambio del depósito de dinero, incluía la invocación de los nombres de conocidos abogados penalistas, jueces y fiscales generales de la zona.
El monto de dinero con el que extorsionaban a las víctimas rondaba entre los 100 mil y 200 mil pesos y se estima que se concretaban aproximadamente una quincena de estafas por día. Muchas de las víctimas no se animaron a realizar las denuncias y la situación por la que estaban atravesando. Sin embargo, denuncias concretas realizadas permitieron conocer esas y otras situaciones. Toda la investigación se centralizó en la Unidad Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, de reciente creación por parte del procurador general Jorge Miquelarena y cuya responsabilidad máxima recae en el fiscal general Rivarola.

Mensajes eróticos

La maniobra descubierta se originaba en perfiles falsos de Faceebock en el que bellas y jóvenes mujeres iniciaban una relación de carácter virtual con sus víctimas, en general hombres mayores, de quienes obtenían imágenes subidas de tono y de un alto nivel erótico. A partir de allí, las víctimas recibían mensajes en general por Whatsapp en el que haciéndose pasar por los fiscales generales Osvaldo Heiber, Alex Williams o Adrián Cabral, los defensores penalistas Fabián Gabalachis y Martín Castro o el juez Daniel Yanguela, les exigían el depósito en cuentas determinadas de sumas de dinero de entre 100 y 200 mil pesos a cambio de no difundir esas imágenes.
“Hasta el momento hemos detectado un centenar de víctimas, así que se pueden imaginar muy bien la cantidad de dinero del que se hacía este grupo que operaba desde ese centro penitenciario”, dijo Rivarola.
Tanto el fiscal general Rivarola como el ministro Massoni, se encargaron de destacar la tarea realizada por la Brigada de Investigaciones de Rawson que de manera coordinada dispusieron el movimiento de 125 policías que irrumpieron sorpresivamente en cada uno de los poco más de 130 calabozos en los que dormían los detenidos, en general con condenas firmes.

Secuestro de teléfonos ilegales

Al respecto, el fiscal a cargo de esta investigación, Fernando Rivarola, precisó que las llamadas eran transmitidas a través de la antena que está próxima al Instituto Penitenciario Provincial, lo que motivó las sospechas sobre que el centro de detención era el sitio desde donde salía la mayoría de las comunicaciones extorsivas.
“Se secuestraron los teléfonos ilegales, porque cada interno tiene un teléfono designado por la pandemia. Pero eso no fue materia de secuestro porque no queríamos privar a las personas detenidas de las comunicaciones con sus familiares. Lo que buscamos fueron los celulares que entraron al centro de detención de forma clandestina”, manifestó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Procedimiento “sensible”

Por su parte, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, puso en valor la labor realizada durante la jornada de ayer. Posteriormente, el integrante del Poder Ejecutivo explicó que haber ingresado al Instituto Penitenciario Provincial se trató de una labor “sensible”, argumentando que no se debían violar las garantías constitucionales de los presos y que también los elementos que iban a buscar “se podían deshacer de una forma muy rápida”.
“Tuvimos que hacer un movimiento de 250 personas de toda la Provincia, de grupos especiales. Lo manejamos con absoluta reserva y todo el desarrollo fue a partir de las 4 de la mañana. El trabajo realizado fue para felicitarlos”, sostuvo Massoni.

Extorsión sexual

El termino sextorsión o extorsión sexual es una forma de explotación sexual en la cual una persona es chantajeada, habitualmente por aplicaciones de mensajería por Internet, con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales que generalmente es compartida con fines de que se haga viral mediante sexting. Con la masificación de los teléfonos inteligentes, junto con el uso indebido de Internet y de las cámaras -especialmente en menores de edad-, han derivado en el aumento de este problema.


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