LOS EMPLEADOS DE LA REPARTICIÓN ESTÁN DE HUELGA

Por los incumplimientos de Arcioni, hace 7 días que no se publica el Boletín Oficial


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Según establece la Constitución Nacional, todos los actos de Gobierno deben ser públicos, los cuales se publican diariamente en el correspondiente Boletín Oficial. No obstante, en Chubut hace varios días que esto no ocurre, como consecuencia de los incumplimientos de la administración de Mariano Arcioni en cuanto al pago de salarios.
Lo que sucede es que los trabajadores que están a cargo de la publicación de dicho documento oficial se encuentran con retención de servicios, argumentando que ya se les adeudan dos salarios y el medio aguinaldo correspondiente al mes de junio.
De esta manera, el último Boletín Oficial que fue cargado en la página específica de Gobierno Abierto corresponde al 14 de agosto del corriente año. Esto quiere decir que hace ya una semana que no se cargan los archivos, en el marco de una huelga impulsada por los empleados del área.
Vale destacar, en este contexto, que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública. El mecanismo de acceso a dicha información promueve el respeto de los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad.

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Diputada cuestionó la situación

Quien se pronunció al respecto de esta situación fue la diputada provincial María Andrea Aguilera quien cuestionó que “la Constitución establece que los actos de Gobierno son públicos. El Gobierno del Chubut desde el 14 de este mes no publica el Boletín Oficial. Esto vulnera derechos de los ciudadanos, quitando una herramienta indispensable de control”.

Ley especial

Cabe destacar también que en 2017 se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley 27.275, la cual obliga a los tres poderes del Estado a informar a los ciudadanos.
En concreto, cualquier ciudadano podrá solicitar información al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y deberá tener una respuesta adecuada en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15. En caso de que eso no ocurra, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa y/o judicial. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado tiene el deber de asegurar la transparencia de su gestión y no sólo debe responder ante pedidos de información por parte de los ciudadanos, sino también difundir activamente los datos relevantes.


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