DIPUTADOS APROBARON UNA LEY CONSENSUADA QUE RESPALDA LA REESTRUCTURACIÓN

La política gobierna, Chubut renegociará su deuda


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Este jueves, la Legislatura aprobó la ley que permite al Ejecutivo la renegociación de la deuda pública provincial. Resulta evidente que el diálogo político fue protagonista, y el arribo de Javier Touriñan al Gobierno trajo consigo el consenso para llegar a este resultado. De esta manera, la Legislatura en una sesión, destrabó el conflicto político que llevaba semanas, y le dio el visto bueno al Poder Ejecutivo para que se siente a negociar con los bonistas respecto a las condiciones en las que se encuentra actualmente la deuda.
El dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda fue unánime y todos los bloques acompañaron la iniciativa de la administración de Mariano Arcioni, aunque con algunas modificaciones planteadas por el Frente de Todos y también por Juntos por el Cambio. De esta manera, se busca mostrar al exterior que hay un consenso y una postura unificada respecto a la necesidad que tiene Chubut para reestructurar la deuda.
Con la ausencia de la diputada Zulema Andén, se votó positivamente con amplia mayoría, con 25 votos a favor y 1 en contra.
En líneas generales, se extendió el plazo de gracia hasta 2025, se dejó solo a las regalías hidrocarburíferas como garantía de los pagos y se conformó una comisión específica para darle seguimiento a la renegociación de la deuda y al cumplimiento de la misma.

Argumentos

La diputada Belén Baskov (Frente de Todos), sostuvo que se observa “una apertura del gobierno para que los diputados podamos hacer aportes a este proyecto por eso salió por votación casi unánime”, dijo al tiempo que agregó que esta “no es la solución”, y se esperan “medidas económicas responsables que estamos dispuestos a tratar”.
En similares términos se expresó su compañero de bloque, el diputado Carlos Eliceche, quien afirmó que la reestructuración de la deuda de Chubut no resuelve, todos los problemas económicos que tiene la provincia, “es una herramienta para ir solucionando los problemas parcialmente, no totalmente”, dijo al expresar que su acompañamiento representa un voto de confianza.
Por su parte el único diputado que votó en contra, Sebastián López (Juntos por el Cambio), afirmó que no acompañó la iniciativa porque “toda reestructuración debe ir acompañada de un plan económico y un marco institucional. Con reglas claras y con metas fiscales de crecimiento y desarrollo que permita llevar a la provincia a transitar por un sendero económicamente sostenible”.
El presidente del bloque oficialista, Juan Ignacio Pais, sostuvo que tiene la expectativa de que esta ley, “sea el inicio de un camino que nos permita a todos encontrar sostenibilidad y sustentabilidad, e ir hacia un camino de déficit fiscal y pensar en una provincia pujante para la próximas décadas”.

Detalles de la ley

El Diario tuvo acceso a la ley aprobada en la víspera, la cual reza que en el marco de la emergencia económica, financiera y administrativa que atraviesa la Provincia, es una prioridad la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial, “a fin de crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de dicha deuda y a tal fin se autoriza al Poder Ejecutivo a poner en práctica los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados, en el marco del artículo 62° de la Ley de Administración Financiera”.
Además, los diputados establecieron que “las operaciones que se lleven adelante en el marco de lo previsto por la presente ley deberán cumplir necesariamente con los lineamientos para la sostenibilidad de la deuda bajo legislación extranjera publicados por el Gobierno Nacional vigentes a la fecha de la presente ley proponiendo que la primera cuota de amortización de capital que deba afrontar la Provincia no se produzca con posterioridad al ejercicio 2025”.

Medidas para salir de la crisis

También exigieron que la renegociación debe “enmarcarse en un ‘Programa de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial’ elaborado por el Poder Ejecutivo que fije los lineamientos generales y particulares de la misma, ya sea emitida bajo ley argentina o extranjera tendientes a hacer converger la deuda pública a niveles sostenibles consistentes”.
Al respecto de esto último, estos lineamientos deben darse con perspectivas de crecimiento sostenible para la economía de la Provincia y con una trayectoria fiscal “razonable a corto y largo plazo que culmine con la eliminación del déficit de las cuentas públicas provinciales”.

Facultades para Antonena

Dentro de las facultades que se le otorgaron al ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, se lo autorizó a “realizar todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley”.
En esto, se incluyó a “la realización de operaciones de de crédito público establecidas por el artículo 62° de la Ley de Administración Financiera, incluyendo todas las emisiones necesarias para instrumentar dichas operaciones, los canjes y/o las reestructuraciones de los títulos públicos existentes y sus garantías a efectos de mejorar los montos, plazos y/o intereses de las operaciones para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública en los términos del artículo 1° de la presente ley”.
También se lo autorizó a “la realización de los trámites correspondientes y la suscripción de la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a las operaciones dispuestas en el inciso precedente para que, por sí o por terceros, actúe en la instrumentación, colocación, registración y pago de los instrumentos y operaciones autorizadas en esta ley”.

Garantías en regalías

El Ministerio de Economía y Crédito Público obtuvo el respaldo para avanzar con “la afectación en garantía, cesión en pago y/o en propiedad fiduciaria, de las regalías hidrocarburíferas y/o el canon extraordinario de producción, en todos los casos netas de coparticipación a los municipios, a efectos de instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas en la presente ley”.
Antonena también podrá definir la “inclusión de la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros en la normativa y en los documentos pertinentes necesarios para instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas en la presente ley, la que deberá interpretarse en el marco de lo dispuesto por la Ley Nacional N°27.207”.
El artículo 4° de la ley prevé la determinación de las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos en el marco de la reestructuración; designar instituciones financieras para que actúen como coordinadores en la estructuración; designar instituciones financieras para que actúen como agentes colocadores y/o en la ejecución de las operaciones de crédito público y/o para que actúen en la administración de manejo de pasivos y/o emisión de nuevos títulos en el marco de lo establecido anteriormente.

Pago a los colaboradores

Sobre los montos que se abonarán a las entidades que colaboren con la reestructuración de la deuda pública, la Legislatura autorizó al ministro de Economía y Crédito Público a que apruebe y suscriba “contratos con entidades financieras para que presten los servicios enumerados en los incisos precedentes, previéndose para ello el pago de comisiones en condiciones de mercado, las que en ningún caso podrán superar el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado”.
“En ningún caso, los gastos totales irrogados por estas y otras contrataciones de agentes vinculados con las operaciones que por la presente se autorizan podrán ser superiores al sesenta por ciento (60%) de lo devengado en ocasión de la emisión de cada uno de los títulos a ser reestructurados”, agregaron los legisladores en la ley.
Por último, le dieron el visto bueno a Antonena a preparar y registrar títulos públicos emitidos en virtud de las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos ante los entes regulatorios y/u organismos de control y/o autoridades competentes de los mercados de capitales internacionales. También aprobaron “el dictado de las normas reglamentarias o aclaratorias que establezcan los términos y condiciones de las operaciones que surjan por aplicación de la presente ley”.

Sin nuevos endeudamientos

Ante la posibilidad de adquirir nuevas deudas, la norma aprobada en la víspera indicó que “la presente autorización está referida exclusivamente a la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial actual y bajo ningún aspecto a la contratación de nuevos endeudamientos que signifiquen la obtención de recursos adicionales”.
“Todos los actos, contratos y operaciones que se realicen como consecuencia de lo dispuesto en la presente ley se encontrarán exentos del pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales existentes y a crearse en el futuro”, concluyó la ley aprobada ayer en la Legislatura, al mismo tiempo que prevé facultar al Poder Ejecutivo “para disponer las reasignaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, en el marco de lo previsto por la Ley de Administración Financiera”.


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