DESIGNARÁN JUEZ PARA EL JUICIO ABREVIADO CON EL IMPUTADO QUE IMPUGNÓ LA RESOLUCIÓN

“La Manada”: La Cámara dejó sin efecto el fallo que rechazó el acuerdo


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La Cámara Penal de Trelew integrada por los jueces Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Luis María Pintos declaró la nulidad de la resolución del juez Marcelo Nieto Di Biase que había rechazado el acuerdo, en juicio abreviado, al que habían llegado las partes en la causa conocida como “La Manada de Chubut”. Ahora, la Oficina Judicial deberá designar juez y fijar audiencia para realizar el juicio abreviado con el único imputado que impugnó la resolución, ya que los otros dos restantes expresaron voluntad de ir a juicio oral y público.
En el fallo, el tribunal aseguró que Di Biase se arrogó facultades que solo puede ejercer legítimamente el fiscal y valoraron los alcances de la figura del juicio abreviado que podría evitar el fenómeno de la revictimización.
Luego de conocida la sentencia, el fiscal Rivarola, defendió el uso del término “desahogo sexual”, y aseguró que fue víctima de “linchamiento mediático”.

Fallo

Los jueces Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Luis María Pintos declararon la nulidad de la resolución del juez Marcelo Nieto Di Biase, y ordenaron la inmediata remisión de las actuaciones a la Oficina Judicial de Rawson para que se designe juez y se fije audiencia para realizar el juicio abreviado con el imputado que impugnó la resolución.
De esta manera, los magistrados convalidaron el accionar de la Fiscalía, concluyendo que el juez Di Biase, con su interpretación de las normas de tutela judicial efectiva para las víctimas de abuso, confundió a las partes y a la sociedad. Al tiempo que destacaron el desempeño del fiscal Fernando Rivarola en este caso.
Al inicio de su voto, el doctor Defranco aseguró que Di Biase se arrogó facultades que solo puede ejercer legítimamente el fiscal, “no pudiendo ser sustituido por los pareceres personales del órgano encargado de decidir en forma imparcial: el juez penal”, sosteniendo que “presentado un acuerdo para proceder abreviadamente, debió el Magistrado comprobar la existencia y seriedad de aquel y, de conformidad con la evidencia ofrecida, a la que los imputados se allanaron, estimar si el estado de inocencia se quebró en el caso, condenando tal como se pide, o, en caso contrario, absolver a los imputados. Nada más que eso”.

Alargar el padecimiento de la víctima

Defranco se refirió a la invocación efectuada por el juez sobre los delitos cometidos contra la mujer y la respuesta del Estado, señalando que esta normativa que “garantiza la tutela judicial a las mujeres víctimas de violencia, parecen haber sido utilizadas en contra de la damnificada en estos autos, ocasionando un real contrasentido”.
Por otro lado, los camaristas entendieron que también fue arbitraria la sentencia por estar fundada en conjeturas “de las cuales no existe elemento objetivo alguno que permita siquiera sospecharlas”. Defranco sostuvo: “No existe un solo elemento que permita sospechar que el consentimiento de la joven víctima se encontrara condicionado por el resarcimiento económico obtenido; al contrario, de las constancias de la audiencia de 8 de junio, surge con claridad que la aquiescencia de la víctima para con el procedimiento abreviado se motivó en sus deseos de dar por terminado el proceso”.
“En una aparente posición paternalista, alegando el respeto que le merece el interés de la víctima, desoye francamente el deseo de la joven quien, como se dijo, acepta la salida propuesta por las partes para poder cerrar este espantoso capítulo de su vida, repito, sin ser siquiera un requisito para su aprobación”, afirmó el juez, añadiendo: “Con ello, impidió no solo que los imputados admitieran los hechos investigados –tal cual pretendía de una vez el sujeto pasivo del delito-, sino que prolonga innecesariamente el padecimiento psicológico que la terminación del proceso judicial evitaría”.

Reparación económica

En el mismo sentido, el doctor Roberto Adrián Barrios sostuvo que “con el juicio abreviado también puede beneficiarse la víctima, puesto que obtiene una respuesta estatal mucho más rápida, e incluso puede evitar el fenómeno de la revictimización, que se produciría con la carga de tener que asistir al debate y someterse a responder las preguntas que le hagan las partes, manteniendo abiertas las heridas que el delito le pudo haber provocado”.
Sobre el acuerdo reparatorio, Barrios concluyó que “nada tuvieron que ver los términos de la reparación económica, en la decisión de la víctima de consentir el acuerdo abreviado”. Añadiendo que “la joven manifestó que no quiere seguir adelante con el proceso, porque necesita retomar su vida de nuevo. Dijo que no quiere continuar con el juicio. Al final de su testimonio, ya entre llantos, afirmó “… yo no quiero más nada, yo quiero seguir mi vida”. Sin dudas, el acuerdo económico vino a constituir una reparación del daño, efectivo y resarcitorio, que a las mujeres víctimas de violencia, constitucionalmente les corresponde”.


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