COMUNICADO DE LOS PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE TODO EL PAÍS

Cuestionan que la Reforma Judicial reflejaría los defectos actuales de la Justicia Federal


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La administración de Alberto Fernández anunció que presentará un proyecto para impulsar la Reforma Judicial en Argentina. Esto rápidamente despertó cuestionamientos de distintos sectores, poniendo el foco en algunos ítems de la iniciativa que busca aprobar el Poder Ejecutivo.
Quienes esgrimieron su postura contraria durante las últimas horas fue la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, quienes reconocieron que los objetivos de la reforma judicial que impulsa el Gobierno Nacional, afirmando que mejorar la Justicia Federal; crear una estructura orgánica de magistrados y funcionarios que acompañe el nuevo Código Procesal Penal; y transferir las competencias no federales a la ciudad de Buenos Aires no merecen reparos.

Cuestionamientos al proyecto

No obstante, cuestionaron que el proyecto con el cual se intentan plasmar esos lineamientos “atrasa y opera contra las metas”. Así lo entienden la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, cuyos miembros reclamaron un estudio multidisciplinario.
Los profesionales advirtieron que los cambios que se buscan impulsar fueron pensados desde el modelo procesal actual, por lo que también se verían vislumbrados sus defectos. Al respecto, apuntaron en un documento que “no hay peor fracaso para un cambio de sistema que poner en funcionamiento una organización que no responde a los requerimientos de un proceso acusatorio”.

Contradicciones

Los reparos no sólo se dirigen al fondo del proyecto de reforma, sino también a las formas. Los profesores de Derecho Procesal Penal advirtieron la contradicción entre cuestionar a los tribunales federales por su falta de transparencia y de eficiencia y la decisión de sumar a los 12 juzgados federales otros 11 provenientes del fuero Penal Económico, a la par de los cuales se crearán otros 23 despachos, sin analizar si el flujo de expedientes que manejan lo justifica.
“Si la imparcialidad de los jueces ha sido entendida como problemática, ¿por qué suponer que el nombramiento de 23 jueces subrogantes mejoraría el sistema? La subrogancia implica una dotación de magistrados que puede ser influenciable, en la medida en que pretendan ganar el concurso para el cargo que están subrogando”, alertaron.


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