La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal a través del fiscal general jefe Omar Rodríguez elevó a la oficina judicial de Rawson la respectiva imputación en la causa que involucra a la ahora exministra de Familia de Mariano Arcioni, Celicia Torres Otarola por presunto fraude a la administración pública y a otros 12 imputados, entre los que se encuentra el exjefe de Gabinete, Alberto Gilardino, sospechado de cobrar un sueldo a través de su madre.
El gobierno de Mariano Arcioni vuelve a estar bajo la lupa de la justicia por hechos de corrupción tras casos emblemáticos como “Embrujo” y “Revelación” que terminaron con medio gabinete preso de la administración Das Neves-Arcioni.
En esta oportunidad se imputa a Cecilia Torres Otarola con domicilio fijado en Playa Unión, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Silvana Adriana Cañumil con domicilio en Rawson, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, estos últimos con domicilio en Trelew.

El ardid de “Chechu”

Los fiscales anticorrupción señalan que “de los elementos de convicción recogidos hasta el momento, estamos en condiciones de afirmar que Cecilia Torres Otarola antes de asumir en el cargo de diputada provincial en diciembre del año 2015, poseía un comercio denominado 5mentarios, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Esquel. A partir del año 2014, hasta su asunción como diputada, empleo en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil. Posteriormente, ya como diputada provincial, gestionó y logró el ingreso a la casa de las leyes, en el cargo de empleada administrativa de tercera, y luego en el cargo de asistente de Bloque, hasta el 12 de Diciembre del año 2019. Si bien Cañumil, figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura provincial, en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de edad de la diputada. Cabe destacar, que Cañumil, vivía en la casa de la diputada, en la ciudad de Esquel, y de esa forma cumplía con las funciones delegadas que precisamente era de cuidar a los hijos de Otarola”, describen.
Por otra parte, “en oportunidad del ejercicio como diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura Provincial, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia, -con quien la unía un estrecho vínculo de amistad- y el esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Asimismo, gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura Provincial”, añade la acusación.
Además de lo dicho, “Otarola gestionó la incorporación de distintas personas a trabajar bajo su órbita en la Legislatura Provincial. Fue así que en el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval. A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil, quien era la que encargada de llevar a cabo la recaudación. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas de Torres Otalora, que poseía en el Banco de la Provincia de Chubut, y Banco de la Nación Argentina”, ventilaron los fiscales.

Mismo modus operandi

Asimismo, indican que “este modus operandi, va a sufrir cierta modificación al momento que Otarola dejó el cargo de Diputada Provincial, para pasar a ocupar un cargo en el Ejecutivo Provincial, como Ministra de Desarrollo Social y Familia. A partir de ese momento, diciembre del año 2019, la nombrada va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación. Dicho grupo se puede diferenciar de otro, que ocupan cargos que no tienen vinculo estrecho con Otarola, y de alguna manera servía para nutrir los intereses espurios de la nombrada”.
“Fue así, que ya en el cargo de Ministra, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, amiga personal, designada en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, en el cargo de Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- en el cargo de Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, ocupa un cargo con rango de Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, Secretario Privado de Jaquelina Rodera, Miguel Reto, en el cargo de Director General”, menciona la elevación hecha por los fiscales.

Las maniobras de fraude

“De los distintos elementos analizados hasta el momento surge clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Justamente la gestión de la nombrada para que puedan ocupar distintos cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada. Pero además de los nombrados también, se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. El nombrado fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. En el año 1998, Marcelo Neira, y Antonio Cundari, entre otros, eran socios en una sociedad denominada TELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Por otra parte, en el año 2005 los nombrados constituyeron una Sociedad cuya razón social se denominaba INDUSTRIA CARMA SRL, surgiendo con claridad que la designación en el cargo respecto de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Marcelo Neira. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.
En el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen una sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, cuyo objeto era la explotación de un hostel y residencia estudiantil, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera”, explican con detalle.

En equipo

Los fiscales sostienen que “a esta altura, no podemos dejar de mencionar, que como común denominador es que las personas de Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, tiene domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola, sito en Costamagna 79, Playa Unión. En el otro grupo de la planta política nombrada por Cecilia Torres Otarola, debemos mencionar a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro”.

La niñera recaudadora

Por su parte “Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo de la última nombrada, un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, a la cuenta del banco Nación por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020”.
“En esta misma dirección Silvana Cañumil, en fecha 10 de mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a la persona de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Cecilia Torres Otarola con el instituto aludido. También hay que poner de resalto las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela, -pareja de Silvana Cañumil-, y Cecilia Torres Otarola En febrero y marzo Otarola transfiere a Valenzuela montos de 10.000 y 15.000 pesos respectivamente. A esta altura, cabe destacar que en el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil le realizó transferencias bancarias a Cecilia Torres Otarola, por un monto superior aproximadamente al al millón quinientos mil pesos (1.500.000 $). Por su parte, Miguel Reto el día 3/6/20, realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha”, dilucidaron los fiscales.
“Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija de la Señora Sandra Jaramillo quien prestó servicios de empleada domestica en la casa de Otarola, desde mediados del año 2019 hasta enero de este año. En lo que aquí interesa, Cecilia Torres Otarola, ya en el cargo de Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Para ello le pidió que le mande foto por wasap del DNI de su hija. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada en el cargo más arriba mencionado. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio”.

Gilardino, “el arrepentido”

Siguiendo con el relato de los hechos, “también debemos mencionar la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 $, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada”, sostienen los acusadores.
“Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal. En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria. Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos”, concluyen.