Días pasados, y después de seis meses, el Poder Ejecutivo publicó la ley que declara nulos los decretos que habilitaron el otorgamiento de tierras con el deslinde del bosque nativo, conocido popularmente como “curro verde”. La legislación daría marcha atrás con todos los títulos de propiedad otorgados desde hace 15 años, y por ello Arcioni habría demorado “intencionalmente”, la promulgación de la norma según advierte la diputada Rossana Artero que volvió a llamar la atención sobre el asunto.
Ahora los diputados estarían analizando citar a funcionarios del Gobierno para que expliquen los motivos por los cuales nadie reparó sobre el hecho de que la ley no fuera publicada tras su sanción, advirtiendo que habrían incurrido en maniobras irregulares.

La ley

El 9 de mayo de 2019 la Legislatura sanciona una ley por la que se declara insanablemente nulo de nulidad absoluta el Decreto 74/05 que permitió la enajenación y venta a particulares el bosque nativo de la provincia del Chubut, violentando en forma clara la Constitución provincial, que en su artículo 105 expresa con claridad “el bosque nativo es de dominio de la provincia. Su aprovechamiento y ampliación se rigen por las normas que dictan los poderes públicos provinciales, la que requiere para su aprobación el voto de los cuatro quintos del total de los miembros de la Legislatura”.

El veto de Arcioni

El 28 de mayo el gobernador Arcioni mediante el decreto 538/19 veta la ley y de urgencia lo publica en el Boletín Oficial 13.176 del mismo día. Y sucede un hecho contundente, la Legislatura del Chubut ese mismo día rechaza el veto con amplísima mayoría mediante Resolución 109/19, comunicando inmediatamente al Ejecutivo la decisión adoptada por el Poder Legislativo.
A partir de allí la ley entra en el triángulo de Las Bermudas. Escapando a todo registro, a pesar de diferentes voces que se alzaron reclamando su publicación; el Ejecutivo hace caso omiso y no pública la ley, con la evidente intención de que no entre en vigencia.
La intención del Ejecutivo queda totalmente manifiesta cuando en la primera sesión de la actual Legislatura convocada en forma extraordinaria, el gobierno de Arcioni, ingresa un proyecto para derogar la ley sancionada vetada y con veto rechazado, por lo tanto en firme. Pero tuvieron un pequeño inconveniente, mal podían derogar una ley que no estaba publicada por lo tanto era la ley NN.

Intimación al Ejecutivo

Ante esta situación con fecha 11 de mayo, los diputados Pagliaroni y Artero envían nota al Ejecutivo intimándolo a que en un plazo no mayor a 72 horas se procediera a la publicación de la norma caso contrario advertían que iniciarían las acciones legales correspondientes.
El 27 de mayo habiendo transcurrido ampliamente las 72 horas, esta vez en soledad, la diputada Artero hace una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia planteando un conflicto de poderes y denunciando el hecho como la clara intención del ejecutivo de asumir las funciones del poder legislativo ya que era evidente que las leyes que no quería poner en vigencia simplemente no las publicaba.
El Superior Tribunal admitió el pedido y dando traslado obligatorio de la presentación para su opinión y dictamen sobre la cuestión planteada. Evidentemente en esa instancia el Ejecutivo es informado del trámite judicial y procede a su publicación.

Delgado y Águila a declarar

No conforme con eso Artero insiste con nuevas presentaciones ante la Justicia y envía el 17 de junio sendas notas a los responsables del registro, una al Director General de impresiones oficiales Jorge Delgado, otra al señor Águila, Director del Boletín Oficial en el entendimiento que, tendrían alguna responsabilidad en la no publicación de la tan manoseada ley. Y una tercera al domicilio particular de una empleada que hace años es quien lleva el control y seguimiento de las publicaciones de leyes y decretos.
De los primeros como era de esperar no recibió ninguna respuesta por lo que en cuanto se reanude la actividad normal de la Legislatura, serían citados a dar explicaciones.

Amenazas y presiones

La tercera persona en cuestión sorprendentemente el día 22 habría contestado la solicitud de información de la Diputada, con detalles acabados de la trama que rodeo a la prohibición de publicación de la ley adjuntando planillas personales donde se establece claramente la grilla de publicaciones que ella enviaba. En la contestación explica claramente cómo el señor Águila, habría sido presionado y amenazado si publicaba esa ley. Según se pudo saber, la empelada habría identificado a los funcionarios que en nombre del gobierno llevaron adelante esas maniobras. La diputada Artero elevó dicha nota a la Justicia como “hecho nuevo” a los efectos de ser adjuntados a su presentación inicial y para que el máximo organismo judicial, que atiende la cuestión, le dé el trámite que estime pertinente.
Se espera que la legisladora, de cuenta oficialmente a la Legislatura para reforzar la citación de todos los funcionarios implicados en la maniobra de ocultamiento de una ley sancionada con amplia mayoría y en uso de las facultades propias de Poder Legislativo.