El fiscal jefe Omar Rodríguez reveló que un jardinero peruano con antecedentes de violencia de género y la madre de un sospechado de causas de corrupción, eran dos de los asesores de la ministro de Desarrollo Humano y Familia Cecilia Torres Otarola. Se investiga de manera preliminar a la funcionaria de Mariano Arcioni, por presunto fraude al Estado Provincial.
La causa surge a raíz de una declaración por extorsión en Esquel, donde la víctima, un exfuncionario, contó circunstancias que le atribuyó a Torres Otarola. “A partir de los dichos surge que habría una retención indebida de un porcentaje de los sueldos del Personal de Legislatura que se remitían a una secretaria de la entonces diputada», explicó Rodríguez y agregó que también se investiga a personas que cobraban elevados sueldos y no serían de la zona.
Rodríguez detalló que la causa se encuentra en una etapa preliminar de recolección de evidencia para determinar si existe una conducta delictiva. “Se busca individualiza a los presuntos responsables y también se investigan sucesos vinculados a la actualidad de la ministro, como ser personas designadas que no prestarían servicios”, detalló.
Uno de ellos es una persona que ostenta el cargo de Director. “Es de nacionalidad peruana, vive en Buenos Aires, donde presta tareas de jardinero. Esta persona además no tiene antecedentes, ni constan certificaciones que haya terminado la primaria. En el Registro Nacional de Reincidencia figura con antecedentes de violencia de género: tiene una suspensión de juicio a prueba por lesiones leves agravadas por el vínculo. Nada de esto figura en su legajo”, reveló el fiscal.
Otra de las situaciones es la contratación de la madre de una persona vinculada a las causas El Embrujo y Revelación. “Se quiso contratar, pero como era un exfuncionario vinculado a causas de corrupción, se decide contratar a su madre. Aparece la madre cobrando como asesora. Pero tenemos información que cobra esta asesoría sin prestar servicios aparentes”, agregó Rodríguez.
Para el fiscal estas situaciones se dan por “un sentimiento de impunidad. Esto provoca una relajación que los lleva a cometer conductas torpes”.
En la etapa que se encuentra la investigación por presunto fraude al Estado Provincial, el fiscal Rodríguez deberá recabar elementos y, si así sucede, pedir una apertura formal de la causa para realizar las imputaciones.