*Por Walter Schmidt

No hay pleno alineamiento detrás de Alberto Fernández. Cristina toma sus propias decisiones y los cristinistas critican la gestión del Presidente, que apuesta todo al acuerdo por la deuda.

Por primera vez, el peronismo rompió con aquélla lógica que pregonaba «el que gana conduce y el resto se alinea». Cristina Kirchner es la vice, no está alineada y toma decisiones -que comparte con el Presidente- como la expropiación de Vicentin o la ofensiva judicial contra Mauricio Macri. Y sus seguidores cuestionan a a la Casa Rosada o hacen propuestas sin el aval presidencial. Pero todo el costo político es de Alberto Fernández​, quien apuesta su construcción política al acuerdo por la deuda. Aunque los problemas económicos en el horizonte son muchos mas graves.

“El cristinismo no mide que le está haciendo mal a un Presidente que es de su espacio, pero es como la fábula del escorpión, está en su esencia”, reflexiona un dirigente con varias décadas de trayectoria política, leal a Alberto Fernández.

La vicepresidenta ha desplegado su poder real en lugares clave como la Presidencia del Senado con las comisiones más importantes y buena parte de legisladores; la Secretaría Administrativa de Diputados que maneja la caja de la Cámara Baja y la jefatura del bloque. En el Poder Ejecutivo, con las cabezas de Anses, Pami, de la Procuración del Tesoro, la AFI, la Oficina Anticorrupción, el número dos del Ministerio de Justicia y asientos en el Consejo de la Magistratura; y un ministro del Interior que se formó bajo su madrinazgo.

Y el cristinismo ha decidido hacer un «duranbarbismo» a la inversa: iniciar una ofensiva judicial contra Macri -por espionaje y por los créditos a Vicentin, entre otros-, recreando la rivalidad de Cristina vs Macri, que llevó a la debacle al gobierno anterior y que está haciendo mella en la administración actual.

El problema para Alberto Fernández es que Cristina no sólo ejerce el poder en paralelo, sino que además da rienda suelta a sus acólitos. Desde los más toscos como Dady Brieva u Ofelia Fernández, a los más avezados mediáticamente; tal es el caso del piquetero Juan Grabois que considera que el mandatario “no corta el bacalao” y su gestión “es regular tirando para mala”, o de Sergio Berni​, el ministro de Seguridad bonaerense que afirma que en el Frente de Todos “quien conduce es Cristina”.

Lo de Berni merece un capítulo aparte. Bajo el paraguas de Cristina, actúa como un libre pensador incluso, excediendo sus funciones. En una reciente reunión en Olivos por la pandemia, encabezada por Santiago Cafiero y con la presencia de una delegación de la Ciudad y otra bonaerense, se enfrascó en una dura discusión con Cafiero por la implementación de los ATP y de los subsidios. Fue el Jefe de Gabinete el que evitó que el entredicho subiera el volumen.

Por estos días, sin que Kicillof lo reprenda ni mucho menos, acusó a la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, de no ayudar a la provincia. “No tenemos el apoyo del Gobierno nacional en materia de Seguridad”, lanzó. El Presidente y sus ministros lo ignoran, no quieren darle entidad. Tampoco en el Ministerio de Seguridad. Pero en Balcarce 50, hay funcionarios que aseguran que Berni miente sobre su supuesta lucha contra la inseguridad, en soledad, porque no sólo se reúne muy seguido con Frederic sino que ni siquiera concurre a los encuentros de coordinación porque “se la pasa en los medios”.

Aseguran que hoy Berni cuenta con 100 mil hombres a su disposición, mientras que la Nación, apenas tiene a su cargo 80 mil para todo el país. “Lo que pasa es que no sabe conducir a su tropa”, cuestionan, y chicanean: “hasta tiene custodia de la Policía Federal, no de la bonaerense”.

En la órbita de CFK, la propuesta de Fernanda Vallejos de quedarse con acciones de las empresas a las que el Gobierno ayuda en medio del coronavirus, le causó un inmenso daño al mandatario. Porque Alberto Fernández archivó la iniciativa en una reunión con la cúpula empresarial -después de haber hablado con Roberto Lavagna- y pocos días después, por impulso de Cristina, anunciaba la expropiación e intervención de Vicentin -lo que fue criticado por Lavagna-. Entre los albertistas admiten que se comunicó de una pésima manera, sentando a Anabela Sagasti en vez de al ministro de Agricultura, omitiendo las irregularidades en la empresa los créditos a los que accedió, y poniendo la expropiación y la soberanía alimentaria como conceptos primigenios.

Ahora el escenario se trasladará al Congreso, donde la grieta tendrá su máxima expresión a partir del caso Vicentin y de algunos movimientos de Cristina Kirchner, con los que ha conseguido unificar a la oposición que Alberto F. había desarticulado con su enfoque dialoguista en la pandemia. Pero el precio de un eventual rechazo del proyecto de ley en Diputados, podría ser alto para el Presidente.

Un economista del riñón del Gobierno admite que lo que más daña a Fernández en cuanto a Vicentin es “la duda que hay sobre el proceso de toma de decisiones”. En términos llanos, quién decide. En cuanto a las dudas sobre quién tomó esa decisión, la fuente considera que preocupa más a las empresas con inversiones en el país a gran escala, como en el sector energético, petroleras, comunicaciones.

La gran apuesta de Alberto Fernández es el acuerdo con la deuda. Cerca del Presidente creen que a partir de allí comenzará otra etapa. El mandatario es consciente de que el cristinismo no está alineado, pero advierten: “No es un tipo fácil como para dejarse avasallar» por los sectores duros, a los que apuesta a seducir con una salida de la crisis económica.

​Sin embargo, una de las grandes preocupaciones en el Gobierno es cuánto durará la cuarentena, si 60 o 90 días, y como sale de la pandemia el resto del mundo, que ya fue un espejo –en especial Europa- primero en el aspecto sanitario y ahora en lo económico. El análisis es que un acuerdo por la deuda se desencadenaría en un escenario de restricciones porque los países van a estar concentrados en su situación interna. Las grandes empresas no van a estar preocupadas por expandirse sino en cómo mantenerse. El problema del empleo va a incidir en varios países. Y, por ende, los niveles de inversión van a ser menores, al igual que probablemente las importaciones. Y eso afecta de lleno a la Argentina.

“El problema lo vemos en el mercado interno. Si todas las actividades comerciales tienen mucho protocolo, la actividad económica se va a afectar y reducir aún más”, reflexiona un funcionario. En términos prácticos, un restaurante que tiene 40 mesas pero por cuestiones sanitarias en el futuro inmediato solo pueda habilitar 20, reduciría a la mitad su rentabilidad, siempre y cuando el consumo se reactive totalmente, lo que no viene ocurriendo producto de la larga recesión. Ese comercio, entonces, debería despedir empleados, comprar menos a sus proveedores y renegociar el alquiler del lugar, si es que la ecuación aún le cierra. Eso, multiplicado por cientos de miles de comercios de distintos rubros.

El otro punto de preocupación en el Ejecutivo es el Fondo. El acuerdo con los bonistas no cierra el problema. Después hay que negociar con el FMI y ver cuáles son los condicionamientos, sobre todo fiscales, sostienen.